Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Una luz de razón

La Fiscal General de la República venezolana, Luisa Ortega, presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia un recurso de aclaratoria de una sentencia que concluye que el presidente Maduro puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de una previa consulta popular directa.

La Fiscal General de la República venezolana, Luisa Ortega, presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia un recurso de aclaratoria de una sentencia que concluye que el presidente Maduro puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de una previa consulta popular directa.

La Fiscal explicó su posición a los periodistas y a través de ellos a la sociedad, el jueves pasado, en la escalinata del Tribunal Supremo de Justicia. La presentación puede ser vista en internet. Fue importante y revelador, no solamente el contenido de su presentación sino la forma en que la Fiscal General expresó sus ideas.

Estamos demasiado acostumbrados al estilo deliberadamente grosero, agresivo e intolerante del presidente venezolano y sus laderos. En contraste, la fiscal expuso su pensamiento en forma pausada, clara, lógica, y lo respaldó con un sólido razonamiento jurídico. La Fiscal General demostró que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia era inconstitucional y contraria a principios fundamentales de protección de los derechos humanos.

¿Pero a quién puede sorprender la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano? Los componentes de este poder del Estado venezolano obedecen a los mandatos del presidente Maduro. Lo hacen con tanto entusiasmo que se pasan de obsecuentes. En abril aprobaron dos sentencias en las que eliminaron las inmunidades parlamentarias de los miembros de la Asamblea Nacional y asumieron las competencias parlamentarias. Ese torpe intento de golpe de Estado causó tal escándalo que el presidente Maduro debió exhortar al Tribunal a dar marcha atrás. Y este último, sin sonrojarse, modificó sus sentencias. Esta es la división de poderes en Venezuela.

Los argumentos jurídicos de la Fiscal General incluyen que la soberanía reside en el pueblo venezolano, que el texto constitucional debe ser analizado en su conjunto, y que bajo ninguna circunstancia los derechos humanos reconocidos en aquel deben ser desmejorados. La fiscal opina que de la misma forma en que los venezolanos aprobaron la Constitución propuesta por Chávez en 1979 en un proceso de consulta a través de referendos, cualquier modificación de la misma debe seguir el mismo procedimiento. No se debe ir, sostiene, “hacia atrás al pretender vulnerar la progresividad de esos derechos, mediante una constituyente en la que la participación popular se reduzca a su mínima expresión”.

En realidad el objetivo de Maduro no es tanto reformar el texto constitucional. Su verdadero propósito es instalar una Asamblea Nacional Constituyente designada y controlada por él, la cual podrá aprobar “leyes para la revolución y el poder popular”, como reconoció uno de sus asociados. De esta manera podrá desplazar y anular de hecho a la actual Asamblea Nacional, cuyos miembros han sido elegidos en las últimas elecciones y donde predomina la oposición.

Es el mismo objetivo de las sentencias del Tribunal Supremo en abril. Lo único que ha cambiado es la estrategia.

La Fiscal General Luisa Ortega está actuando con gran entereza y valentía, lo que contrasta lamentablemente con las posiciones pusilánimes de algunos gobiernos latinoamericanos, incluyendo el nuestro.

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