Juan Oribe Stemmer

El arquitecto William Rey y el historiador José Rilla presentaron renuncia, respectivamente, a sus cargos como Presidente interino y de miembro de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. El motivo fue la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de quitarle la calidad de Monumento Histórico Nacional a todas las construcciones y vías férreas que constituyeron la playa de maniobras de la Estación Central de Ferrocarril -la Estación Artigas- con algunas excepciones de menor entidad.

Es un predio de cuatro hectáreas ubicado entre la estación y el moderno edificio de Antel (la llamada Torre de las Comunicaciones). Si consideramos la calidad de los renunciantes y los cargos que ocupaban, lo sucedido debería encender la luz roja de alarma entre quienes se preocupan por la historia y cultura de nuestro país.

La intención es instalar un anexo del Puerto de Montevideo, en lo que durante décadas fue una de las encrucijadas más importantes para la historia económica e industrial de nuestro país.

Como resultado de esta "brillante" decisión urbanística, que seguramente dejaría sin palabras al mismo Le Corbusier, emergerá un depósito portuario entre el moderno edificio de Antel, que sus buenos millones de dólares nos costó a todos, y el centenario edificio de la Estación Central. Un gran aporte al paisaje del lugar.

Además, la resolución eliminará toda posibilidad de que la Estación Central pueda volver a ser a utilizada como terminal de pasajeros de ferrocarril y dificultará considerablemente adaptar aquel importante edificio para otros fines.

La Comisión del Patrimonio debe asesorar al Poder Ejecutivo "en el señalamiento de los bienes a declararse monumentos históricos". El que toma la decisión de declarar a determinado edificio como de monumento histórico, es el Poder Ejecutivo. Pero debe hacerlo a propuesta de la Comisión.

Puede recordarse aquí, que el Consejo de la Facultad de Arquitectura expresó la preocupación "en cuanto a que decisiones de este tipo pueden afectar áreas muy sensibles o potencialmente importante de la ciudad" y señaló que es "imprescindible que tales decisiones se adopten en los ámbitos correspondientes teniendo en cuenta los necesarios espacios de consulta y discusión". En su nota de renuncia, Rilla expresa que no comparte "una política y una forma concreta de tomar las decisiones".

Y que no se nos venga con el dilema de falsa oposición de tener que elegir entre el desarrollo económico y la protección de la herencia histórica de nuestro país.

Luego de dejar en claro que, en su opinión, "el Puerto de Montevideo vive desde más de una década un proceso de transformación harto beneficioso para el país y la ciudad", Rilla sostiene, con toda razón, que ese desarrollo "es compatible -aunque más trabajoso- con el respeto al patrimonio, al paisaje y a sus potencialidades culturales y económicas".

Agrega Rilla que "si algún fracaso debiera imputársenos a todos, como sociedad, es el de no haber logrado que el patrimonio forme parte de las políticas públicas, y sea una pieza clave, como otras, en la toma de mejores decisiones en las que todos los actores asuman sus costos y responsabilidades".

En pocas palabras, con un poco de materia gris, o con una pequeña dosis de imaginación, seguramente sería posible encontrar una solución para las legítimas preocupaciones del puerto sin tener que destruir el patrimonio histórico de nuestra sociedad.