Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Derechos para todos

La protección y defensa de los derechos humanos no es solamente un asunto de solidaridad con nuestros semejantes, sino también una cuestión política de primera magnitud.

La protección y defensa de los derechos humanos no es solamente un asunto de solidaridad con nuestros semejantes, sino también una cuestión política de primera magnitud.

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 afirma que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Y agrega: “los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”.

Uno de los corolarios de esta afirmación, que conserva toda su validez, es que los derechos humanos son un bien que debe ser tutelado independientemente de la clase social, color de su piel o ideas políticas de las personas.

La Declaración ha sido el fundamento de una estructura jurídica cada vez más completa que incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Existen motivos para sostener que estos instrumentos ya forman parte del derecho consuetudinario.

La Declaración fue aprobada poco después del final de la Segunda Guerra Mundial cuando la comunidad internacional (o parte de ella) tenía bien clara la relación entre el respeto por los derechos humanos y la paz mundial. Hoy, más viejos pero más sabios, deberíamos reconocer que el respeto de las libertades fundamentales también es un elemento esencial para el desarrollo económico y social de los pueblos. Este concepto es incorporado, por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana (2001) donde se establece que “el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. El Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile afirma que “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo”.

En nuestra región existe un marco de acuerdos internacionales que establecen principios, normas e instituciones que tienen como finalidad tutelar esos derechos fundamentales y que incluye la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ellos se suman los instrumentos sub-regionales, como el Protocolo de Ushuaia y el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur.

El gobierno de Venezuela ha pretendido zafar del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos: el presidente Chávez denunció el Pacto de San José en setiembre de 2012 y Maduro resolvió dejar la OEA por el mismo motivo. Ahora vemos el propósito de esa estrategia.

Hoy es evidente que la idea de sacrificar los derechos humanos en aras de un “proyecto”, conduce a la tiranía, el subdesarrollo, la corrupción y la injusticia social.

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