Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Cuestión de patrimonio

A mediados de marzo, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, envió una nota al presidente de la República para “transmitirle la inquietud de la Universidad por dos aspectos que inciden de modo directo” en el cumplimiento de las funciones de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación: ”sus vicios de funcionamiento y la pérdida de su especificidad como organismo asesor técnico en materia patrimonial”.

A mediados de marzo, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, envió una nota al presidente de la República para “transmitirle la inquietud de la Universidad por dos aspectos que inciden de modo directo” en el cumplimiento de las funciones de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación: ”sus vicios de funcionamiento y la pérdida de su especificidad como organismo asesor técnico en materia patrimonial”.

El contenido de la nota, parte de cuyo texto es reproducido en la última edición del semanario Búsqueda, es preocupante.

La Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación fue creada por la Ley N° 14.040 de octubre de 1971, como un órgano asesor bajo la dependencia del Poder Ejecutivo en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Sus cometidos fundamentales eran asesorar al Poder Ejecutivo en el señalamiento de los bienes a declararse monumentos históricos y velar por la conservación de los mismos. La ley procuraba consolidar el trabajo que habían realizado en las décadas anteriores muchos uruguayos preocupados por la tutela de patrimonio histórico, en cuya vanguardia figuraba el Director del Museo Histórico Nacional, Juan Pivel Devoto.

Esa organización fue modificada en los años siguientes. Un Decreto de 1997 estableció que “La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación es responsable de la preservación de obras, objetos, documentos, yacimientos arqueológicos y paleontológicos que se consideren Patrimonio Cultural de la Nación. Interviene en la planificación y ejecución de proyectos macro regionales y mundiales en el área de su competencia, a través de las comisiones técnicas del Mercosur y del Patrimonio Mundial, así como en otros Organismos”. La Comisión pasó ser denominada Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

La tarea de la Comisión es de enorme importancia.

El patrimonio cultural, tangible e intangible, es el elemento esencial de la identidad de cada sociedad. En el caso de estos bienes se aplica el principio de responsabilidad intergeneracional: cada generación tiene el deber de velar para que el legado recibido de sus antecesores sea transmitido, cuidado y mejorado a las generaciones futuras.

La tarea de la Comisión puede causar controversia (lo que para algunos puede ser un objeto valioso que debe ser tutelado, puede ser visto por otros como algo perfectamente descartable). La discusión sobre la propuesta de construir un monumento de la Virgen María en la rambla es un ejemplo extremo de las tensiones que puede llegar a encerrar al trabajo de la Comisión. A lo que deberían sumarse los conflictos de intereses económicos o políticos afectados por la decisión de incorporar un determinado bien a la lista protegida.

En la nota se afirma que la Comisión funciona “con escasa transparencia en la toma de decisiones”; la circunstancia de que predominen los criterios políticos empaña o anula las consideraciones técnicas y perjudica la “independencia crítica en las decisiones”; existe un “creciente conflicto” con iniciativas gubernamentales o privadas basadas en fundamentos económicos y políticos.

La nota del rector, y todo el episodio, merecen una discusión más amplia y abierta porque afectan intereses culturales fundamentales de toda nuestra sociedad.

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