Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

El qué y el cómo

La Presidencia de la República se ha salido con la suya y tendrá su avión presidencial. Lo ha conseguido al precio, totalmente innecesario, de agraviar al Tribunal de Cuentas y a un costo político considerable para nuestras instituciones democráticas.

La Presidencia de la República se ha salido con la suya y tendrá su avión presidencial. Lo ha conseguido al precio, totalmente innecesario, de agraviar al Tribunal de Cuentas y a un costo político considerable para nuestras instituciones democráticas.

Las alegaciones de que se trata de una “aeronave multipropósito” solamente empeoran las cosas. El saber popular, con su fino olfato, ya ha concluido de que el propósito del ejercicio fue adquirir un avión para el transporte del Presidente. Pero, este no es el verdadero problema. La decisión de adquirir un avión con ese destino puede haber sido discutible pero existían argumentos que podrían haberla justificado, en mayor o menor medida. Aquí lo grave es el procedimiento que se siguió para la dudosa compra.

El proceso tiene varias facetas discutibles. Sin embargo, la más grave para la república, en el largo plazo, fueron los argumentos invocados por la Presidencia para intentar legitimar su decisión de reiterar el gasto.

Esta no fue, ni será, la única oportunidad en que un órgano del Estado reitera un gasto luego de una observación del Tribunal de Cuentas. Pero, por algún motivo insondable, Presidencia optó por un camino peculiar para justificar su decisión de seguir adelante con la compra: eligió respaldar su decisión con un dictamen jurídico de la Fiscalía de Gobierno que, además, se consideró oportuno publicar en la página Web de la Presidencia de la República bajo el mesurado titular de: “Hipótesis del Tribunal de Cuentas es irracional y antijurídica para la Fiscalía de Gobierno”.

Es importante recordar, primero, que el Tribunal de Cuentas tiene su marco jurídico en la Constitución y que posee autonomía funcional; y, segundo, que el Fiscal de Gobierno es un funcionario del Poder Ejecutivo, designado por éste y sometido a jerarquía. En consecuencia, cuando emitió un juicio sobre la observación del Tribunal de Cuentas lo hizo en calidad de juez y parte.

Las opiniones de la Fiscalía de Gobierno, ampliamente difundidas por Presidencia, fueron de tal gravedad, que el Tribunal de Cuentas consideró necesario elevar un oficio a la Asamblea General el 14 de febrero para aclarar las cosas.

En la nota, el Tribunal expresa que “no puede soslayar ciertas afirmaciones que realiza el Fiscal de Gobierno, que además de resultar, en parte, agraviantes para este Tribunal y sus funcionarios, refiere también, a circunstancias que nada tienen que ver con el aspecto jurídico de fondo relacionado con la observación del gasto, y ajenas, en consecuencia a sus competencias”. La nota se refiere después a “una invasión injustificada” de la autonomía funcional del Tribunal y expresa que “Las desafortunadas expresiones estampadas en el dictamen de la Fiscalía de Gobierno son rechazadas de plano”.

Finalmente, el Tribunal, “ratifica su compromiso y adhesión al Estado de Derecho y afirma que el desempeño de su rol, encuadrado en el acatamiento del derecho objetivo, seguirá honrando, como hasta el presente, los superiores principios consagrados por la Constitución de la República en el marco de nuestro sistema democrático de gobierno”.

El Tribunal hizo bien en elevar esa nota a la Asamblea General.

Pero es lamentable que se haya visto obligado a hacerlo.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te puede interesar
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)