Hablar de privatizaciones en el Uruguay es patear el avispero. Se puede poner en duda las bondades de la democracia, los pronunciamientos judiciales o cualquier cosa sagrada, sin recibir una censura o desaprobación ni siquiera parecida. Cuando en un país existe un tema que nadie puede abrir para examinar, entonces lo que está cerrado no es ese tema sino la cabeza de la gente.

Hablar de privatizaciones en el Uruguay es patear el avispero. Se puede poner en duda las bondades de la democracia, los pronunciamientos judiciales o cualquier cosa sagrada, sin recibir una censura o desaprobación ni siquiera parecida. Cuando en un país existe un tema que nadie puede abrir para examinar, entonces lo que está cerrado no es ese tema sino la cabeza de la gente.

Generalmente se argumenta trayendo a colación -de forma selectiva- ejemplos de otros países donde hubo fracasos o escándalos en los procesos privatizadores. Se hace referencia a la Argentina en tiempos de Menem. Nunca se hace referencia a las privatizaciones que llevó adelante Fernando Henrique Cardoso en Brasil y que los sucesivos gobiernos del P.T. respetaron y mantuvieron.

Quizás la argumentación se haya vuelto tan rígida (o tan empobrecida) porque también hay en circulación posiciones privatizadoras absolutas, de universal desmantelamiento del Estado, igualmente obtusas y cuadriculadas. El Estado tiene que estar presente en la regulación y conducción de ciertos campos de actividad que no es bueno que estén en manos privadas de forma autónoma. ¿Pero qué tiene que ver eso con una presencia activa del Estado en la fabricación de bebidas alcohólicas? ¿O en mantener una línea aérea? ¿O fabricar Pórtland?

El debate sobre las privatizaciones se ha vuelto tan deschavetado que la sensibilidad exquisita al respecto queda anestesiada si es el Frente Amplio quien privatiza. El barrido de las calles del barrio donde vivo lo hace un grupo privado (Tacuruses, de los padres salesianos).

Se dice que el combustible constituye un elemento estratégico y que por ello el proceso de refinación tiene necesariamente que estar en manos del Estado (Ancap). Aunque Ancap no fuera lo que actualmente es, no hubiera pasado por las manos de Martínez y Sendic y tuviera la eficiencia que hace rato no tiene, al carecer nuestro país de pozos de petróleo propios da lo mismo, en términos de soberanía y seguridad económica, traer el combustible ya refinado o refinarlo acá.

Se dice que las empresas del Estado cumplen una función esencial de apoyo a la economía del país. Basta sincerarse un poco para reconocer que, en los hechos y más allá de los versos, algunas empresas del Estado muy importantes han sido y siguen siendo formidables obstáculos para la actividad económica del país. Quizás no haya mayor freno para la economía nacional que el costo del combustible y de la energía (Ancap y, sin hacer ruido, UTE). Nada digamos del abandono de los ferrocarriles (y el costo para los uruguayos del sindicato de AFE).

El Uruguay tiene que empezar a plantearse lo que ha postergado hasta ahora: un plan a largo plazo para ir reduciendo -es decir, privatizando- algunas empresas del Estado (parcial o totalmente), siempre con atención a los uruguayos que en ellas trabajan (o figuran) y de eso viven. Pero también con atención al resto de los uruguayos que trabajan por su cuenta, de eso viven y encuentran en algunas empresas del Estado el freno y el desaliento.

El tiempo óptimo para plantearlo hubiera sido en años pasados cuando las circunstancias externas nos hacían todo fácil. Esa oportunidad se esfumó envuelta en la cháchara de Mujica. Pero el tiempo urgente es ahora cuando las circunstancias externas se van poniendo rígidas y necesitamos con urgencia remover frenos y trabas al trabajo y a la producción nacional.