Venezuela ha otorgado nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas, que las habilitan a emplear la fuerza para controlar manifestaciones pacíficas. El 23 de enero de 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución por la cual autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener el “orden público” y la “paz social” en “reuniones públicas y manifestaciones”.

Venezuela ha otorgado nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas, que las habilitan a emplear la fuerza para controlar manifestaciones pacíficas. El 23 de enero de 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución por la cual autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener el “orden público” y la “paz social” en “reuniones públicas y manifestaciones”.

Mientras tanto, a un año de la brutal represión de manifestantes no violentos y transeúntes, prácticamente no se han rendido cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas. El líder opositor Leopoldo López y más de una veintena de personas arrestadas en el contexto de las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 continúan detenidos.

Emplear las fuerzas militares para controlar protestas políticas es una muy mala idea, especialmente en un país donde ya hay antecedentes de que miembros de las fuerzas de seguridad hayan cometido impunemente abusos aberrantes contra manifestantes que no actuaban de manera violenta. Los venezolanos tienen buenas razones para temer que la intervención de militares, que están entrenados para situaciones de guerra y no para controlar el orden público, solo agrave la situación.

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro debería revocar las nuevas atribuciones otorgadas a las Fuerzas Armadas, y liberar inmediata e incondicionalmente a López y otras personas que fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas de 2014.

Si bien en algunas de las manifestaciones de 2014 algunos participantes cometieron actos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov a las fuerzas de seguridad, las investigaciones de Human Rights Watch indican que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni intervenían en hechos violentos. Algunos de los abusos más severos documentados fueron cometidos contra personas que no participaban en las manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.

Según datos aportados por el propio gobierno, ha habido una escasa rendición de cuentas por estos abusos. Hasta noviembre, las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos casos de tortura, si bien Human Rights Watch documentó más casos de torturas. El Ministerio Público informó que los fiscales habían dictado 125 actos conclusivos, y presentado acusaciones contra 15 funcionarios de seguridad del estado.

En su presentación ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre, una representante del Ministerio Público indicó que dos funcionarios policiales habían sido condenados por los “sucesos ocurridos” durante las protestas, pero no aportó información sobre la naturaleza de los delitos o de las condenas.

Luego de que se iniciaron las protestas, el gobierno acusó inmediatamente a la oposición política de incitar a la violencia, y el 12 de febrero una jueza acogió el pedido de la fiscalía y ordenó la detención de López. López permanece detenido arbitrariamente en una prisión militar desde que se entregó en forma voluntaria el 18 de febrero, y se encuentra en curso el juicio en su contra. Dos alcaldes opositores fueron condenados a 10 y 12 meses de prisión en procesos penales que violaron las garantías de debido proceso, por no haber removido obstáculos que impedían la libre circulación de personas en las calles de sus municipios en las cuales se llevaban a cabo protestas.

En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a disponer la liberación de manifestantes y políticos que habían sido detenidos arbitrariamente. Tras la audiencia de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU indicó que Venezuela debía liberar inmediatamente a López, a uno de los alcaldes y a “todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.

En diciembre, Estados Unidos aplicó sanciones dirigidas contra funcionarios militares y civiles venezolanos presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Las sanciones incluyeron la denegación o cancelación de visas a ciertos funcionarios, y el congelamiento de sus bienes personales en Estados Unidos.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) rechazó las sanciones, aduciendo que vulneran el “principio de no intervención” en Venezuela. En esta misma línea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) criticó las sanciones y exhortó a la comunidad internacional a abstenerse de “intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos” de otros estados. Ni la UNASUR ni la CELAC han repudiado los abusos sistemáticos contra manifestantes perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ni la persecución penal de opositores políticos del Presidente Maduro.

En enero, el gobierno de Colombia rompió este silencio colectivo al pedir la liberación de López, luego de que Venezuela le prohibiera al ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, y al ex Presidente de Chile Sebastián Piñera visitar a López en prisión. El Presidente Maduro acusó a los dos ex presidentes, y al ex Presidente de México Felipe Calderón, quien también viajó a Caracas, de apoyar “un golpe de Estado contra el gobierno” y a un “grupo terrorista de ultra derecha”, mientras que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores lamentó que la Cancillería colombiana “avale posiciones contra la democracia venezolana” que constituían un “retroceso peligroso” en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Los gobiernos latinoamericanos deben pronunciarse en forma individual y colectiva sobre la represión de manifestantes en Venezuela, y deben exhortar al gobierno de Maduro a que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos rindan cuentas por sus actos y a que libere a opositores que han sido encarcelados de manera arbitraria”.

* Director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch