Javier García
Javier García

La exclusión financiera

Según Astori esta semana, el proyecto más importante para el gobierno, su “agenda” como se dice ahora, es la ley de inclusión financiera. Convengamos que no es muy removedor para los 32 meses que le quedan a un gobierno, al que parece que se le acabó el combustible.

Según Astori esta semana, el proyecto más importante para el gobierno, su “agenda” como se dice ahora, es la ley de inclusión financiera. Convengamos que no es muy removedor para los 32 meses que le quedan a un gobierno, al que parece que se le acabó el combustible.

Apenas una bien publicitada y difundida jornada de venta de marihuana en algunas farmacias provocó un destello de euforia en los dirigentes del FA. Volaban en las redes mensajes oficialistas reivindicando la ley. En los despachos de gobierno todo era festejo. Después del feriado del 18 de julio, entre el paro general y la marihuana estatal, el Uruguay gubernista tuvo su momento de gloria. El Uruguay real: el del trabajo y el de la falta de trabajo, el de la inseguridad y el que pelea para salir adelante en medio de las incertidumbres, miró atónito los festejos y las filas en las farmacias.

La oferta del gobierno es concentrarnos en la inclusión financiera, que cambiará la vida, suponen, de miles de uruguayos. Ninguna limitación a la libertad puede ser emblemática, y esta es una. El gobierno del FA, al que le gusta ejercer de tutor de todos, obliga a bancarizarse y a usar tarjetas. Dicen que el mundo va hacia allí. ¿A quién molesta, qué derecho hiere que una persona cobre su salario, o su jubilación como más le convenga? ¿Quién pierde? El ciudadano.

La realidad real, como decía uno, es que en localidades donde no existen redes de cobranzas ni sucursales bancarias, porque entre otras cosas la autoridad que obliga a bancarizarse cierra sucursales del BROU o disminuye sus días de atención, los jubilados deben pagar de sus haberes un pasaje de 300 pesos o más para ir a una ciudad que cuente con ellos para cobrar. Es como un impuesto encubierto que pagan los más débiles. O los pequeños comerciantes, que son la inmensa mayoría, empresas familiares, boliches, almacencitos, tiendas, que viven del día a día, de vender y cobrar y con esa plata pagar proveedores, a los que ahora les rompen la cadena de pagos, y a los cuales los bancos y sus tarjetas le cobran unos aranceles de usura, impresentables. Cobran además 24 o más horas después rompiendo una cadencia financiera vital para ellos. Son chicos, necesitan flexibilidad. Los negocios poderosos tienen espalda, pueden negociar, los chicos no.

El gran ganador de esta ley de la era progresista es la banca internacional, es a su medida y a su negocio. Qué paradoja del destino, el gobierno pasado, cuando se aprobó, era presidido por el MPP, cuyo sector fundacional es el MLN-Tupamaros. En la década del 60 este grupo secuestraba banqueros extranjeros; ahora los financia y los enriquece. Una espectacular voltereta ideológica que permite que en este caso la culebra a la que se abrazan (al decir de su líder) antes la caricaturizaban como regordetes financistas, vestidos de frac, con galera y cadenas, fumando habanos y con la bandera de Estados Unidos.

Un proyecto del senador Lacalle Pou cambia la obligatoriedad de la bancarización por la opción voluntaria. Es justo, combina todos los extremos, respetando la libertad de las personas. Ya hay intenciones de plebiscitar estos temas de parte de organizaciones sociales.

Una vez Mujica dijo, en relación al encepado de autos que hacia la Intendencia de Montevideo, que a la gente no le gustaba que le pusieran “preso” el auto. Mucho menos, agrego yo, que le pongan preso el bolsillo.

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