Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

Renta básica universal

Es uno de los temas del momento a nivel global. La renta básica universal como respuesta de política social se está debatiendo tanto en los Alpes suizos como en el corredor del anexo del Palacio Legislativo. Justo ahí fue donde hace un par de semanas tuve el gusto de exponer al respecto en un panel junto con el ministro de Trabajo.

Es uno de los temas del momento a nivel global. La renta básica universal como respuesta de política social se está debatiendo tanto en los Alpes suizos como en el corredor del anexo del Palacio Legislativo. Justo ahí fue donde hace un par de semanas tuve el gusto de exponer al respecto en un panel junto con el ministro de Trabajo.

La idea es muy simple: un subsidio público generalizado sin contrapartida. Sin embargo, el tema abre un complejo debate filosófico de si los subsidios deben estar condicionados o no. A su vez, abre también la discusión sobre su viabilidad económica y qué beneficios sociales se deberían sustituir para que sea posible financiarlo.

Empecemos por el debate filosófico. Los que defienden la renta básica universal sostienen que al asegurar un piso mínimo de ingresos de subsistencia aumenta el poder de negociación de los trabajadores en el mercado de trabajo, generando las bases para mejorar las condiciones laborales. También sostienen que induce al enlentecimiento de la búsqueda de trabajo o a la informalidad cuando existe el temor de perder el subsidio -así lo indica la evidencia empírica publicada en estudios académicos realizados en nuestro país. Los que la critican dicen que al no tener contrapartida no genera incentivos al trabajo. También temen que el subsidio sea destinado a actividades con consecuencias negativas en las personas, que al final de cuentas, terminarían siendo asistidas por nuevas transferencias del Estado.

No sabemos si predominan los potenciales efectos positivos o negativos. Es muy difícil de medir. Afortunadamente, en Finlandia se está realizando un programa piloto (2017-18) en el que se confiere una renta básica del equivalente a $ 10.000 por mes a 2 mil desempleados (seleccionados por sorteo), que se mantiene en caso de conseguir empleo. La evaluación de los resultados estará disponible a partir de 2019 y con esto se podrá avanzar en este debate.

Sin embargo, las tendencias actuales del mercado de trabajo -robotización mediante- no esperan estas evaluaciones de escritorio y avanzan rápidamente para poner en tela de juicio todo el sistema de seguridad social al que estamos acostumbrados.

En Uruguay esta realidad llegó para quedarse y se acelera día a día, por más que digamos que acá todo demora en llegar. Como pudimos computar con datos del INE y metodología desarrollada en Oxford, más del 60% de las posiciones hoy ocupadas en Uruguay tienden a desaparecer en el mediano plazo porque ya no va a ser necesaria una persona para cumplir con esa tarea. Aquellos especializados en actividades con escaso requerimiento de empatía, creatividad y manipulación fina son los más comprometidos.

¿Qué va a pasar con las personas que tienen experiencia y formación en tareas robotizables? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema de seguridad social moldeado en base a relaciones contractuales empleador-empleado y carreras laborales estables? No tengo respuestas. Por eso creo que es válido pensar en la posibilidad de una renta básica universal.

Para bajar a tierra el concepto hicimos algunos números.

El monto que el Estado destina a la seguridad social es próximo al 6% del PBI. Tengamos presente que este monto incluye las transferencias que reciben los 40 mil beneficiarios de seguro de desempleo, los 33 mil beneficiarios de subsidio por enfermedad, los 85 mil pensionistas no contributivos (ej. mayores de 70 en situación de vulnerabilidad económica) y los 490 mil beneficiarios de asignaciones familiares. Al mismo tiempo, el monto incluye un complemento de alrededor de un 25% a los ingresos que perciben los 440 mil jubilados y 260 mil pensionistas contributivos (ej. viudos o hijos de aportantes), más allá de sus aportes realizados durante su vida laboral. También tengamos presente que en este monto se incluyen las remuneraciones de los 500 funcionarios del Mides.

En el utópico escenario de redistribuir todo el gasto actual en seguridad social en una renta básica universal para toda la población, el monto sería $ 2400 por mes. Esta renta sería incluso menor que el costo de una canasta básica de alimentos (línea de indigencia, $ 2.900) y lejos del costo de una canasta básica de consumo (línea de pobreza, $ 10.100). Obviamente que si se reduce el universo de beneficiarios el monto subiría. Si, por ejemplo, la renta fuera exclusiva para los 716 mil menores de 14 años, el monto que recibirían sería de $ 12000 por mes, superando el costo de una canasta básica de bienes y servicios. Ni que hablar que los montos se irían comprimiendo en la medida que se quisieran mantener las transferencias vigentes. Por ejemplo, se dispondría de la mitad de recursos si se mantuviera la asistencia financiera actual al sistema jubilatorio.

Alternativamente, se podría considerar el caso de que la renta básica sea asignada a personas cuyo trabajo tiene alto riesgo de robotización. Si la renta se restringiera a las 920 mil personas (ocupadas o desempleadas) con experiencia y habilidades en tareas en extinción, el monto mensual a asignar podría llegar a $ 9300 (o a $ 4600 sin tocar jubilaciones y pensiones). El subsidio les daría a estas personas un piso de subsistencia para lidiar con la compleja tarea de la reconversión laboral.

Hay varios antecedentes de análisis del tema en nuestro país. Desde los estudios de la OPP de 2009 hasta la tesis de nuestro compatriota Nicolás Byk, presentada este año en la Universidad Poznan (Polonia), dejan claro que una renta básica universal implicaría un conflicto con las políticas sociales vigentes.

La realidad indica que implementar una renta básica universal sustantiva sin eliminar prestaciones no es viable. El sector productivo no tolera una mayor carga impositiva. En otras palabras, habría ganadores y perdedores. Los hoy adscriptos a varios beneficios sociales probablemente estarían peor si se les retiraran las prestaciones. Al mismo tiempo, aquellos en situación de pobreza que no se encuentran protegidos por el sistema actual estarían mejor. Aunque lo anterior depende del tipo de familia. Por ejemplo, los hogares sin hijos a su cargo o monoparentales estarían peor porque tendrían menos captores de ingresos.

El objetivo de esta columna es invitarlo a reflexionar sobre el tema. Por lo menos ahora tiene algunos números a mano. No espero que le pase como a mí que, desde que la diputada Galán (presidenta de la Escuela de Gobierno del Parlamento) me invitó a hablar del tema, no me lo he podido sacar de la cabeza. El asunto es complejo por donde se lo mire. Pero hay que hincarle el diente. Con las tendencias actuales del mercado de trabajo no podemos mirar para el costado. 

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