No es una contradicción, sino todo lo contrario. Así lo indican las buenas prácticas consensuadas a nivel internacional. Si bien estamos lejos, existen en nuestro país serios esfuerzos orientados a que las empresas públicas y la eficiencia puedan ir de la mano.

No es una contradicción, sino todo lo contrario. Así lo indican las buenas prácticas consensuadas a nivel internacional. Si bien estamos lejos, existen en nuestro país serios esfuerzos orientados a que las empresas públicas y la eficiencia puedan ir de la mano.

Incluso antes de asumir, el actual gobierno puso el tema sobre la mesa. Hoy ya tenemos avances en el debate sobre la gestión de las empresas públicas. A fines de abril, la Fundación Propuestas organizó un seminario en el que participaron líderes políticos de todos los sectores, así como técnicos independientes. A fines de mayo, la OPP invitó al gobierno de Colombia a contar su experiencia en el marco de un seminario en el que participaron ministros, presidentes de entes y analistas. Los organismos multilaterales entienden que el tema es crítico y apoyan la iniciativa.

La academia también está alineada. La Universidad de la República y la Universidad Católica tienen equipos técnicos trabajando en la materia. En la Universidad de Montevideo hace tiempo que estudiamos el tema de forma permanente. El año pasado presentamos el estudio Empresas del Estado y Eficiencia en un trabajo conjunto con la Academia Nacional de Economía. Luego escribimos un artículo académico sobre el caso uruguayo que va a ser publicado en Management Research (revista científica de la Iberoamerican Academy of Management), y no justamente por lo bueno, sino por lo raro del modelo de gobierno de las empresas y lo malo de los resultados. El mes pasado invitamos a Domingo Cruzat, presidente entre 2011 y 2014 del Sistema de Empresas Públicas de Chile, para que nos cuente cómo funciona. Y todo con la misma intención: tener mejores empresas públicas.

Los que estamos comprometidos en el asunto compartimos tres premisas básicas. Primero, que las empresas públicas son jugadores fundamentales en el Uruguay, así como lo son a nivel internacional. Segundo, que la privatización es un tema fuera de agenda: el Uruguay quiere tener empresas de propiedad estatal. Y tercero, que las actividades que realizan las empresas del Estado se han complejizado tremendamente en los últimos años, por lo que urge revisar cómo se gobiernan.

Nuestros estudios concluyen que es necesario una mejora institucional: un nuevo ente estatal que ejerza la titularidad de las empresas del Estado en nombre de los ciudadanos. Este ente debería ser responsable de la coordinación, el control, y el seguimiento de las decisiones que toman los directorios de las empresas, con los filtros necesarios para que las “malas gestiones” no se puedan materializar. Su tarea crítica sería nombrar y destituir -en caso necesario- a los directorios de las empresas del Estado. Y ahí no hay misterio, tendría que elegir a los más aptos.

¿Quiénes son los más aptos para dirigir empresas públicas? ¿Qué es lo que realmente importa? La evidencia internacional y los datos que analizamos para nuestro país (para Ancap, UTE y Antel entre 2002 y 2016) indican que hay aspectos más importantes que otros.

Por ejemplo, la carrera en la empresa antes de asumir no es determinante. Por un lado hay estudios empíricos que demuestran que es positivo que asuma la dirección alguien que viene de la línea porque conoce el funcionamiento de la empresa. Pero, por otro lado, también hay estudios que demuestran que es mejor traer a la cúpula a alguien fresco, de afuera, que venga con la cabeza abierta. En Uruguay, el 43% de los presidentes de los entes pasaron por la estructura, y según nuestros números esto no fue una variable determinante de los resultados, tal como sucede a nivel internacional.

Otro aspecto que podría, a priori, ser relevante, es la formación académica en dirección de empresas. La evidencia internacional aquí tampoco es concluyente. Hay estudios que demuestran que no es relevante: hay gente que dirige empresas que no tiene formación técnica específica y le va muy bien. Sin embargo, también existen estudios que muestran un impacto significativo de la formación en los resultados de las empresas. A pesar de que solo un 14% de los presidentes de nuestras principales empresas públicas tenían formación en dirección de empresas, este aspecto no fue el más influyente en los resultados observados.

El mayor impacto viene por el lado de la experiencia en dirección. La evidencia internacional indica que las empresas dirigidas por personas que antes habían dirigido otra institución logran mejores resultados. También indica que las empresas públicas dirigidas por políticos tienen peor desempeño que las dirigidas por técnicos. Siendo muy generosos -consideramos como experiencia todo cargo dentro del directorio o la gerencia de una empresa, incluyendo ONG- tenemos que el 64% de las personas que asumieron la dirección de nuestras principales empresas en los últimos 15 años tenían experiencia. Y su impacto sobre la gestión fue contundente: cuando nuestras principales empresas fueron dirigidas por personas con experiencia presentaron resultados mucho mejores.

Con estos datos parece claro que si el nuevo ente que centralice el gobierno de las empresas públicas logra separar la representación política de la capacidad técnica, tendríamos mucho camino ganado.

Pero siempre está latente la preocupación de que este nuevo ente genere más burocracia. En primer lugar tengamos claro que esta nueva institución no tiene que ser un monstruo. El Sistema de Empresas Públicas de Chile, que tiene a su cargo 21 empresas, cuenta solo con 25 personas. A su vez, generar una nueva institución no necesariamente implica aumentar los vínculos laborales con el Estado.

Del mismo modo preocupa tener que pasar por el Parlamento. Sí que se puede mejorar la situación de los últimos años con mejores procedimientos de control, tal como hoy lo están haciendo desde la OPP al acordar compromisos de gestión con los entes, y como sucedió en el pasado. Aunque no va a ser nada sencillo endurecer los compromisos exigidos -bastante livianos hoy- cuando no existe plena capacidad para hacerlos cumplir. También se podrían poner parches, como convocar a una comisión parlamentaria que se encargue de seleccionar a los presidentes de los entes según los criterios adecuados.

Sin embargo, sepamos que si algún día aspiramos a ser miembro pleno de la OCDE, uno de los primeros requisitos exigidos será implementar cambios institucionales para definir con claridad la titularidad de las empresas del Estado. Y ahí no valen los remiendos. Cuando Chile ingresó a la OCDE tuvo que implementar mejoras legales para aggiornar el Sistema de Empresas Públicas. En Colombia -que están por cerrar el ingreso como miembro pleno- reconocen que detrás de la actual reforma de las empresas públicas está una exigencia explícita de la OCDE.

Tenemos el enorme desafío de mejorar el gobierno de nuestras empresas públicas. Y no da lo mismo atarlo con alambre. Si queremos mirar para arriba, vamos a tener que hacerlo bien.