Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

La culpa no es del chancho

A medida que directores, gerentes y exministros desfilan por la comisión investigadora de Ancap, se va develando en cuentagotas información relevante sobre la gestión de nuestra principal empresa.

A medida que directores, gerentes y exministros desfilan por la comisión investigadora de Ancap, se va develando en cuentagotas información relevante sobre la gestión de nuestra principal empresa.

Así empezamos a entender cómo fue posible perder 500 millones de dólares en dos años. Primero nos enteramos de que el manejo de la deuda fue inadecuado. Luego, que las inversiones llevadas a cabo en los últimos años costaron dos, tres y hasta cuatro veces más de lo que estaba estipulado, y que a pesar de ello muchas operan a pérdida. Que se firmaron megacontratos con empresas de publicidad observados por el Tribunal de Cuentas. Que se subió desmedidamente la masa salarial y se eliminó el pago por productividad en el marco de una muy cuestionada reestructura interna. Y todavía la historia no ha terminado.

No hay duda de que se deben rendir cuentas y asumir responsabilidades. Sin embargo, a esta altura es más relevante mirar para adelante y buscar la forma de evitar que la historia vuelva a repetirse. Para ello lo primero que tenemos que entender es que el problema de fondo no recae sobre las personas que ocuparon los cargos. Existe un problema en el diseño del gobierno corporativo de nuestras empresas públicas, que deja la mesa servida para que suceda lo que sucede.

Estudios internacionales demuestran que la calidad del gobierno corporativo importa. Las empresas -ya sean privadas o del Estado- que tienen mejor gobierno corporativo son también las más eficientes para generar valor económico y social.

Duele pero no puede sorprender que las nuestras estén al final de la tabla en un reciente estudio elaborado por la CAF en donde se analiza la calidad del gobierno corporativo de las empresas estatales en América Latina. Nuestras empresas tienen serias limitaciones en la revelación pública de información relevante, en los criterios para la conformación de los directorios y, fundamentalmente, en el ejercicio de la propiedad. El hecho de que el accionista estatal no esté identificado con claridad y que no cuente con la especialización para ejercer la propiedad efectiva de la empresa surge como un punto extremadamente delicado.

He ahí la madre del borrego. En el marco normativo vigente, el Ejecutivo es la entidad que detenta la propiedad de las empresas del Estado. Sin embargo, en los hechos el ejercicio de la propiedad recae en el directorio, que a su vez se encarga de la gestión. Por tal razón, el directorio no responde al ministro de Industria, ni al de Economía, ni al director de la OPP. Y no tiene por qué hacerlo.

Esto genera enormes distorsiones. En las empresas privadas el principal ejecutivo asume la gestión del día a día, y el directorio vela porque las decisiones tomadas no comprometan el futuro. Este sistema de pesos y contrapesos vital para la subsistencia de las empresas no está presente en nuestras empresas públicas, en donde el directorio se encarga de la gestión y también asume compromisos que determinan el futuro.

En un reciente proyecto conjunto de Pharos (think tank de la Academia Nacional de Economía) y el IEEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, analizamos el impacto de la calidad del gobierno corporativo sobre la gestión de las empresas del Estado uruguayo. En particular, nos concentramos en el ejercicio de la propiedad y presentamos evidencia empírica que sugiere que problemas en el ejercicio de la propiedad se traducen en consecuencias negativas en los resultados. Luego de realizar los cálculos necesarios para desentrañar el efecto de la coordinación sobre la gestión, encontramos que el abandono en el año 2010 de las reuniones mensuales de los presidentes de las empresas públicas con el Poder Ejecutivo generó secuelas en los resultados.

En el mismo estudio, concluimos que gran parte de los desalineamientos en las prácticas de gobierno corporativo de las empresas públicas se pueden solucionar con la mera aplicación de la normativa vigente. Para lo cual solo hace falta voluntad.

Sin embargo, para atacar el problema de fondo es necesario pasar por el parlamento. Nos quedamos cortos con la exigencia de la firma de compromisos de gestión con la OPP, tal como se establece en la Ley de Presupuesto. Necesitamos ir un paso más lejos. Necesitamos que un órgano del Estado asuma la titularidad de las empresas públicas, tal como se hace en otros países de la región. Por ejemplo, el Sistema de Empresas Públicas de Chile es una especie de holding que ejerce la propiedad de las empresas del Estado y así se encarga de nombrar a los directorios, coordinar las acciones, discutir y aprobar las decisiones estratégicas, realizar la tarea de control, velar por el cumplimiento de los objetivos y remover a los directores en caso de que sea necesario.

Para que las empresas públicas puedan ser un “instrumento ineludible en las políticas de desarrollo nacional”, tal como fue reivindicado en la reciente declaración del Secretariado del Frente Amplio, son necesarios cambios institucionales. Tenemos un problema que va mucho mas allá de las personas que ocupen circunstancialmente los cargos. La culpa no es del chancho sino el que le rasca el lomo. Mientras no cambiemos el gobierno corporativo de los entes, mientras el ejercicio de la propiedad dentro del Estado no esté definido correctamente, el campo va a seguir fértil para que suceda lo de Ancap.

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