Llamarlo "terrorismo" parece un exceso. Este suele definirse como: "forma política de lucha mediante la cual se persigue la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a la población". Aunque, bien pensado, los puntos en común con el contenido de este artículo son bastante notorios.

Me refiero al proceder, en los últimos años, de la Dirección General Impositiva, que El País recoge en un extenso artículo del pasado 6 de octubre, bajo el título: "El efecto susto ya es una estrategia de la Impositiva" (chocolate por la noticia).

El artículo describe algunas de las tácticas y manejos de dicho organismo, con un aire de comentario deportivo elogioso.

Arranca con la afirmación, en tono encomioso, de que: "La DGI maneja cada vez más datos de los contribuyentes, (o sea todos los orientales), y los está utilizando".

Ya lo primero da para preocuparse.

Que quienes tengan mucho poder (y relativo poco control), tengan información sobre mi vida y milagros, es algo que me pone bastante nervioso. La democracia fue creada, precisamente, para ir al encuentro de este tipo de desviaciones.

El argumento clásico en contrario es de la familia de aquel otro: si le pegaron un tiro al fulano, algo habrá hecho.

No deben llegar a esos extremos, los razonamientos de la Dirección General Impositiva, pero no es menos cierto que comparten un pecado de fondo: aquello de que el fin justifica los medios.

El uso intimidatorio de instrumentos y medios que no existen en las normas tributarias procesales se ha convertido en práctica corriente, como describe la crónica de El País y si bien el lema no es, exactamente: "algo habrá hecho", se le parece: "algo hay que pagar".

Así, es práctica corriente en las inspecciones la táctica del crescendo en las exigencias de información, que desembocan en estimaciones "informales", nutridas de intereses, recargos y multas, como "estímulo" para que el contribuyente entre en negociaciones que apuntan al "algo hay que pagar".

El artículo de marras trae una cita muy reveladora de esto, atribuida a un exsubdirector de la Dirección General Impositiva (citado, con nombre y apellido), quien define "la estrategia utilizada, (o sea los procedimientos para el miedo utilizados), como efecto cagazo" (sic).

Pues, no es gracioso. Ni tampoco es admisible.

Que un representante del estado, ejerciendo poder emanado de aquel, amenace a una persona, sea de forma más o menos sutil, sea a un sospechoso o presunto sospechoso de un crimen o de un ilícito, es algo violatorio de derechos constitucionales básicos y eso no cambia según sea el cargo del funcionario o la repartición estatal en la que reviste, o la sospecha tipificada a la víctima. Podrá variar en el grado, pero siempre estará mal en cuanto al fondo.

Hemos llegado a una realidad en la que el Estado posee una cantidad enorme de información sobre cada una de las personas, de nosotros. Eso es poder, muchísimo poder.

Que puede ser usado, aun de forma excusable o justificable, con grave e irreparable daño.

La tesis de que nada tiene que temer quien nada haya hecho de reprobable, es una versión poco disimulada de la vieja teoría del derecho divino.

La Democracia deriva su sentido de la libertad y esta depende de los límites y controles al poder y de la defensa de los ciudadanos frente a aquel.

Dice el artículo: "Serra (jerarca de la DGI), destacó la cantidad de datos que maneja la DGI y explicó que esa información en general es utilizada para controlar a los sectores que tienen un patrimonio más importante…"

No conozco al Sr. Serra y no tengo nada contra él, pero mi entusiasmo por su entusiasmo en tener toda la información sobre mí, debe ser igual al que él tendría si algún día yo controlara su vida y milagros. Yo estoy seguro que si eso ocurriera, yo utilizaría toda esa información para bien. Seguro.

Lo que debe de infundirle al Sr. Serra cero tranquilidad. Obviamente. Es así.

Lo político no está por encima de lo jurídico.

La recaudación tributaria, tampoco.