Hugo Burel
Hugo Burel

Cannabis o el caos

La ley 19.172 aprobada el 20 de diciembre de 2014, conocida como la Ley del Cannabis y reglamentada con cuatro decretos sucesivos, no se ha complementado con una adecuada difusión masiva de los perjuicios que el consumo de la marihuana con fines recreativos puede ocasionar a la salud. Lo que sí se ha difundido es el propio objeto de la ley, con lo cual su imagen trepó de lo soterrado y oculto a lo visible y cotidiano.

Más allá de que la ley postula en su primer artículo su interés en proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños por el uso del cannabis, y que en otros artículos expresa la voluntad de instrumentar políticas educativas al respecto, no recuerdo un producto que haya tenido la presencia mediática que tuvo el cannabis desde que el presidente Mujica lanzó la idea de reglamentar su producción, comercialización y consumo para quitarle mercado al narcotráfico.

Y esa visibilidad no ha hecho más que legitimar y promover la imagen —y por tanto el consumo— de este producto a niveles que ni la mejor campaña publicitaria hubiera logrado.

El artículo 11 de la ley, que prohíbe "toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión, cine, revistas, filmaciones en general, carteles, vallas en vía pública, folletos, estandartes, correo electrónico, tecnologías de Internet, así como por cualquier otro medio idóneo", ha sido sistemáticamente ignorado por la vía de los hechos.

La difusión de idílicas imágenes de las verdes plantas en los informativos televisivos cada vez que se hablaba de la ley, los discursos de los impulsores de la misma en pro de su defensa, la complaciente y sobrevalorada mirada sobre lo avanzado y ejemplar que es el país por tener una ley así, los aislados spots que enumeraron a regañadientes los perjuicios del cannabis, pero que eran rematados por figuras conocidas y sonrientes hinchándose de orgullo por lo responsables que somos gracias a la ley, es una acumulación de acciones que han promovido y legitimado el producto cannabis hasta casi hacerlo integrar la canasta familiar. Además, si comparamos las imágenes terribles que por ley incluyen las cajillas de cigarrillos con la neutral y aséptica presentación de las bolsitas del cannabis, hay una evidente tolerancia en favor de estas.

La ausencia de una sostenida campaña oficial advirtiendo sobre todas y cada una de las consecuencias nocivas para la salud que la ciencia ha probado sobre el consumo de marihuana, apoya esa estrategia cuyo último y espectacular recurso fue el viaje de autoridades del Banco Central a Estados Unidos en busca de una solución para que las farmacias puedan vender el cannabis sin que les clausuren las cuentas corrientes. Hoy sabemos que esa gestión se realizó más que nada para tranquilizar a las fieras, sin que sea necesario aclarar quiénes son.

Las farmacias —que hoy reclaman exclusividad en la venta— aportaron su entorno "sano" para quitarle al cannabis su aura prohibida. Justo es decir que fueron poquísimas las que se anotaron para vender las dosis del producto. Una encuesta de Cifra reveló que siete de cada 10 uruguayos no está de acuerdo en que el cannabis se venda en farmacias.

La reflexión que muchos nos hacemos es: ¿necesitábamos realmente esta ley? Grosso modo, las encuestas en general han establecido que dos de cada tres uruguayos está o estuvo en contra de la ley. Inclusive, más de la mitad de los votantes del Frente Amplio en la última elección lo están. En general, solo uno de cada cuatro encuestados está a favor de la ley. En buen romance no es esta una ley popular que la gente reclamara. Por eso alguien debería explicar de una buena vez la razón última para participar en este "experimento", tal como lo definió su impulsor principal. Cómo se llegó tan lejos con esta iniciativa que, a juzgar por los resultados, ha sido un ejemplo perfecto de improvisación y afán regulador y estatizador.

Es bueno recordar que un informe difundido en marzo de este año por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes —que depende de las Naciones Unidas— señaló que las medidas que tienden a crear un mercado regulado de cannabis, aunque no implementadas en un cien por ciento, son "contrarias a las previsiones de las convenciones internacionales del control de drogas".

Sin embargo, el gobierno ha hecho de la aplicación de esta ley una cuestión de Estado y un asunto que amenazó con trancar el funcionamiento parlamentario si no se destrababa el veto de los bancos. ¿Recuerdan a Mujica exigiendo una solución imposible? Si eso no se arreglaba el país podía sumirse en una crisis inédita capaz de obstruir la actividad parlamentaria.

Luego de ese episodio la situación —y quizá la campaña de difusión— puede definirse así: cannabis o el caos. Me parece demasiado.

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