Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Nuevas sorpresas con Aratirí

Ratificando su intención de otorgarle a la empresa Aratirí como sea la explotación de los yacimientos de hierro de Valentines, el Senado aprobó en forma urgente la modificación del inciso C del artículo 24 de la ley 19.126 de Minería de Gran Porte, solo con los votos del Frente Amplio.

Ratificando su intención de otorgarle a la empresa Aratirí como sea la explotación de los yacimientos de hierro de Valentines, el Senado aprobó en forma urgente la modificación del inciso C del artículo 24 de la ley 19.126 de Minería de Gran Porte, solo con los votos del Frente Amplio.

Es un buen ejemplo de lo negativo que resulta para los intereses nacionales, que el partido de gobierno disponga de mayorías parlamentarias.

En asuntos estratégicos como este, si algo debería estar garantizado en aras del siempre necesario fortalecimiento de la democracia, es realizar la discusión más amplia y profunda posible antes de tomar una decisión definitiva, porque están en juego aspectos sociales, económicos y ambientales de extrema importancia.

La cuestionada ley -que es de reciente aprobación (setiembre de 2013)- en el primer intento de aplicación el Gobierno solicita modificarla, con el único propósito de dejar sin efecto el plazo previsto para lograr el acuerdo entre la empresa y la Administración. Ya había vencido el año pasado y se activó la prórroga de noventa días que vence el 28 de febrero próximo. Si no se logra el acuerdo antes de esa fecha, perderán vigencia los derechos mineros otorgados a la empresa.

Repasemos algunos hechos. Desde un principio se afirmó que la Ley de Minería de Gran Porte parece hecha a medida del proyecto presentado por la empresa Aratirí.

Cuando aún faltaba mucho para que el Ministerio de Medio Ambiente aprobara la Autorización Ambiental Previa -requisito ineludible para proyectos de esas características- altos jerarcas de Gobierno con el presidente a la cabeza, anunciaban a los medios que el proyecto se aprobaría e, incluso, se anunció que en enero de 2014 se firmaría el acuerdo aunque no estuviera la aprobación ambiental requerida. Ante la lluvia de críticas que generó el anuncio, se utilizó un argumento increíble: que de firmarse ese acuerdo no le generaría ningún compromiso al Estado uruguayo, que era solo una expresión de buena voluntad. Un proyecto de esta magnitud, con tan profundos impactos ambientales, económicos y sociales para el país (5 minas a cielo abierto en zona de tierras fértiles y productivas, un mineroducto que cruzará parte del territorio nacional y una terminal portuaria ubicada en la faja costera de mayor valor de turismo natural del país) presenta muchos flancos débiles. Estamos hablando de impactos que serán irreversibles.

Desde el punto de vista de su viabilidad económica el proyecto presenta dos debilidades: la baja densidad de hierro de los yacimientos (27% aproximadamente) y el descenso del precio internacional de metal.

Llama la atención los argumentos esgrimidos por el presidente y algún senador oficialista, al tratar de justificar esta modificación de la ley “con nombre y apellido”. Dicen que es una demostración de la voluntad del gobierno de negociar y que, de lo contrario, nos exponemos a un juicio internacional que, aunque lo ganáramos, no nos conviene enfrentar. El primer mandatario declaró además, que con esta extensión extraordinaria del plazo para el acuerdo, se le está dando al país un año más para discutir el contrato con Aratirí. Extraño razonamiento del líder del partido que aprobó con sus mayorías la modificación.

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