Haciendo uso de sus mayorías parlamentarias, el Gobierno logró que en la última ley de Presupuesto se aprobara la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la cual funcionará en la órbita de la Presidencia de la República.

Haciendo uso de sus mayorías parlamentarias, el Gobierno logró que en la última ley de Presupuesto se aprobara la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la cual funcionará en la órbita de la Presidencia de la República.

Días atrás nombró a su primer director, el Ing. Carlos Colacce, quien fuera ministro de Medio Ambiente y presidente de Ose en la administración Vázquez anterior. Se intentó una muy endeble justificación argumentando que el objetivo perseguido es darle mayor jerarquía a estos temas que, sin duda alguna, inciden directamente en el desarrollo nacional y en la calidad de vida de los uruguayos.

Según el gobierno, con el funcionamiento de esta secretaría se mejoraría la coordinación entre las instituciones públicas y privadas que tienen injerencia en la ejecución de las políticas relativas a medio ambiente -en todo caso resulta redundante agregar aparte agua y cambio climático.

Pero lo peor fue cuando se intentó disimular la verdadera intención de que la Presidencia tenga control directo sobre temas tan importantes, asegurándose que queden fuera del control parlamentario.

Recordemos los dolores de cabeza que le ocasionó a José Mujica durante su presidencia, cuando quería aprobar por la vía rápida el proyecto de megaminería de Aratirí y chocaba contra los requerimientos establecidos y los plazos normales que debía cumplir el estudio técnico del proyecto en el seno de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). En su momento no tuvo ningún prurito en divulgar a los medios, su descabellada idea de trasladar la Dinama a la órbita de Presidencia, para acelerar sus tiempos de actuación. Algo que hubiese sido nefasto para el país porque su accionar en materia de evaluación de los impactos ambientales para todos los proyectos que se pretendan realizar en el país, es la principal garantía técnica con que cuenta la sociedad de que se respete el marco legal y, al mismo tiempo, asegura que su desempeño este sometido al control ciudadano a través del parlamento.

¿Por qué el gobierno actual agranda la burocracia estatal si dispone del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a quien le compete lo medular de medio ambiente, agua y cambio climático? ¿Será para seguir repartiendo cargos muy bien remunerados por cinco años más?

La propia Presidencia de la República dejó al descubierto su juego cuando aclaró que esta creación era transitoria por falta de dinero; “es un camino previo a una futura creación de un ministerio que atienda exclusivamente los citados temas”.

No es así. El ministerio ya existe, tiene su presupuesto, sus competencias, y su personal. Se lo puede fortalecer, mejorar y reestructurar. Y de hecho lo está necesitando. En cambio con las últimas decisiones se lo sigue debilitando. Si no hay dinero ¿cómo se justifica un nuevo presupuesto público para la Secretaría recién creada?

Nadie puede creerle al Gobierno que si la intención es llegar a tener un ministerio exclusivo para esos temas el paso previo sea llevarlos a la órbita de Presidencia (sin control parlamentario), para luego devolverlos a una Secretaría de Estado (con control parlamentario).