El proyecto de construcción del puente sobre la laguna Garzón continúa su tortuoso camino. Se trata de una obra que conectará el tramo fernandino y el rochense de la costera Ruta 10, habilitando el paso desde José Ignacio hasta La Paloma.

El proyecto de construcción del puente sobre la laguna Garzón continúa su tortuoso camino. Se trata de una obra que conectará el tramo fernandino y el rochense de la costera Ruta 10, habilitando el paso desde José Ignacio hasta La Paloma.

En principio, la construcción de un puente siempre debe verse como una acción positiva pues une comunidades, facilita el transporte y acorta distancias. En este caso en particular su análisis merece realizar algunas consideraciones por la singularidad de su ubicación y el impacto ambiental que podría tener en la faja costera.

La idea comenzó con la construcción de un puente recto, sencillo y utilitario que permitiera el tránsito vehicular. Su principal promotor es un inversionista argentino que tiene fuertes intereses inmobiliarios en las proximidades de la laguna. La existencia de tal conexión valorizará esas tierras, e impulsará un rápido desarrollo continuando con el avance urbanístico hacia el este de José Ignacio.

Pero, a poco de surgir críticas y cuestionamientos a la realización de la obra, se modificó el proyecto rectilíneo del Arq. Rafael Viñoly por un puente circular, mucho más voluminoso y costoso.

Al multiplicarse por cinco el costo estimado de la obra -entre ocho y diez millones de dólares- el inversionista privado retiró su promesa original de pagarlo en su totalidad. Pide exoneración del IVA y otros beneficios tributarios para participar de la financiación del proyecto, aunque ahora el Estado deberá cargar con buena parte de la erogación total.

El proyecto obtuvo la autorización ambiental previa del Ministerio de Medio Ambiente, pero incluyó algunas exigencias como que la Ruta 10 deje de ser nacional, que se establezca un área protegida en la zona de la laguna Garzón, que el Ministerio de Obras Públicas presente un Plan de Gestión Ambiental ajustado al proyecto y al procedimiento de construcción, y que tiene dos años para comenzar a construir y otros dos para finalizarlo. De lo contrario quedará sin efecto la autorización ambiental.

Aunque la complejidad del tema da para realizar muchas consideraciones, haremos solo dos breves comentarios.

En primer lugar, desde el punto de vista económico, es evidente que el privado tiene muy fuertes intereses económicos en la zona (Complejo Las Garzas). Es lógico que realice todos los esfuerzos a su alcance para convencer al Gobierno sobre la conveniencia de la obra, lo que le implicará seguramente un gran negocio inmobiliario.

Entonces, impulsando la construcción del puente no le está haciendo un favor al Estado sino a sí mismo. No parece lógico ni justo que se lo exonere de las obligaciones tributarias que cualquier inversor debe encarar en el país.

En segundo lugar, de lo que no se habla es del tema de fondo. La experiencia internacional europea enseña que el desarrollo urbanístico y turístico de la costa aconseja que no se construyan o desarrollen carreteras sobre la línea costera, porque aseguran un alto impacto de circulación vehicular que no es local sino de paso.

Lo correcto es promover el sistema "de peine" -como el que actualmente existe en Rocha- con un traslado masivo por Ruta 9 y de ahí salen vías perpendiculares a la línea costera utilizadas sólo por los residentes o visitantes locales.

Creemos que debería mantenerse esta realidad vial de la costa oceánica uruguaya, que no fue premeditada.