Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Democratización informativa

Avanzamos hacia una sociedad más involucrada en su presente y futuro. Si bien en la denominación genérica “redes sociales” se incluye un universo de posibilidades en todos los órdenes, no cabe duda de que se trata de un fenómeno social de alto impacto en materia de socialización de la información, y de la amplificación de las comunicaciones, como nunca se había visto.

Avanzamos hacia una sociedad más involucrada en su presente y futuro. Si bien en la denominación genérica “redes sociales” se incluye un universo de posibilidades en todos los órdenes, no cabe duda de que se trata de un fenómeno social de alto impacto en materia de socialización de la información, y de la amplificación de las comunicaciones, como nunca se había visto.

Tomemos como ejemplo lo ocurrido en octubre del año pasado en La Haya. Cinco prestigiosos jueces procedentes de distintos países, sesionaron en el denominado Tribunal Internacional Monsanto, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya.

El objetivo fue escuchar los testimonios de más de treinta personas que se presentaron como víctimas directas de las acciones de la multinacional estadounidense de biotecnología, en todo el mundo.

Se trató de un Tribunal de Opinión sin efecto vinculante pero capaz de fallar en el terreno ético acciones que por distintas razones, hasta ese momento no están siendo juzgadas en tribunales internacionales.

La semana pasada se conoció el fallo de dicho tribunal. Los jueces concluyeron que la mencionada multinacional se ha involucrado en prácticas que han vulnerado los derechos humanos básicos a disponer de un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud.

También concluyó que la empresa se ha involucrado en prácticas que han tenido un impacto negativo sobre la libertad de los científicos, de llevar a cabo investigaciones.

Está claro que a pesar de existir una amplia normativa ambiental, aún queda una distancia grande entre los compromisos asumidos y las acciones reales de protección y conservación que se llevan a cabo.

En ese sentido uno de los reclamos más reiterados de los últimos años es que se incluya el delito del “ecocidio” en la ley penal internacional, más específicamente al Estatuto de Roma (en vigor desde el 1/7/2002) que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya. De lograrse, dicho órgano contaría con herramientas concretas para actuar en muchísimos casos donde se constatan graves ataques a los ecosistemas.

Recordemos que se entiende por “ecocidio” el daño masivo ambiental provocado en un territorio determinado, que por su magnitud ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio. Incluye la afectación tanto de bienes como de servicios ambientales de la zona.

La preocupación por la estabilidad ambiental es un ac-tivo social que va en lógico aumento, porque su deterioro pone en riesgo directo la salud, la alimentación y el bienestar de las comunidades.

El principal obstáculo para que se haga lo correcto y lo que el sentido común aconseja siempre es el mismo: los intereses particulares y los corporativos. Y aunque debería haber unanimidad respecto de que frente a un conflicto de intereses predomine el bien general ante el particular, en los hechos demasiadas veces suele no respetarse este principio básico democrático.

La comunicación instantánea, masiva y barata que hoy se registra constituye un paso importante en el empoderamiento y la gobernanza.

El ejemplo comentado, así como tantos otros casos que hoy están disponibles para cualquiera que desee informarse, son augurios de un tiempo nuevo de democratización informativa.

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