A medida que avanza el nuevo milenio crecen los desafíos ambientales para nuestro país.

A medida que avanza el nuevo milenio crecen los desafíos ambientales para nuestro país.

Los fenómenos climáticos se han apoderado de la dinámica de la región, afectando directamente la producción, la calidad de vida de las personas y la homeostasis de los ecosistemas.

En ese sentido, la fuerte apuesta de Uruguay por el desarrollo de las energías limpias y renovables es una excelente decisión que debe ser apoyada y promovida por todos. De hecho está planificado que continúe su incremento para hacerla hegemónica en la matriz energética uruguaya.

Pero al mismo tiempo, con inocultable expectativa, el gobierno busca hidrocarburos en el subsuelo de la plataforma marina, sabiendo que su hallazgo significaría un giro brusco de la actual estrategia energética.

Quedan planteadas varias preguntas a responder entre todos los actores de la sociedad. ¿Si hallamos petróleo sería razonable no explotarlo? Si así fuera, ¿para qué estamos gastando mucho dinero en su búsqueda?

¿Puede Uruguay darse el lujo de contar con un recurso natural valioso -que ha importado desde siempre- y no aprovecharlo? La respuesta es simple y clara: no.

Si esto ocurre y nos transformamos en un país productor de hidrocarburos, es evidente que Uruguay modificará su estrategia energética, y con ello aumentará sensiblemente sus contribuciones con el cambio climático.

El otro gran desafío con el cual estamos lidiando es la salud ambiental de la cuenca del río Santa Lucía, principal abastecedora del agua potable de la mitad de la población del país.

Su situación actual es alarmante. Registra índices inadmisibles de contaminación, provenientes de fuentes identificadas desde hace mucho tiempo; a pesar de lo cual los organismos estatales y departamentales, responsables directos del contralor y eventual sanción a los infractores, no han hecho bien su trabajo.

Hemos quedado enredados en una maraña de estudios, evaluaciones, diagnósticos, formación de comisiones, declaraciones, anuncios y acusaciones cruzadas sin que se le haya “puesto el cascabel al gato”.

La situación ha afectado la calidad del agua potable que el estado obligatoriamente debe suministrar a la población. Para mantener su potabilidad han aumentado los costos de producción, debido a las constantes inversiones realizadas con el fin de contrarrestar la descendente calidad de la materia prima.

Disponemos de organismos especializados, de una amplia legislación que contempla la conservación de los recursos hídricos de todo el país y, sin embargo, la degradación de la cuenca aumentó sin parar en el último decenio.

¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no logramos pasar de la retórica a la acción? Lo que sigue sin hacerse es garantizar el cumplimiento estricto del marco legal. Tan simple como eso.

Mientras tanto el gobierno sigue creando nuevas reparticiones con atribuciones que ya existen, como la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático en el seno de la Presidencia -¿con qué necesidad?-; y la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando ya contaba con la División de Cambio Climático.