Hebert Gatto
Hebert Gatto

Política y tribunales

Las interpelaciones parlamentarias se sucedieron a ritmo de vértigo: manejo de Ancap; cierre de Pluna y Alas U; contrataciones en Asse; avión presidencial; violencia social.

Las interpelaciones parlamentarias se sucedieron a ritmo de vértigo: manejo de Ancap; cierre de Pluna y Alas U; contrataciones en Asse; avión presidencial; violencia social.

Pese a que su eficacia resultó escasa y ningún ministro terminará interpelado, igualmente se difundió la airada molestia del partido de gobierno, inquieto por inciertas encuestas electorales. La oposición -sostiene una senadora oficialista- sólo logrará con esta estrategia la “judicialización” de la política, porque, aduce, “los temas políticos se deben dirimir en su ámbito natural: el Parlamento”. ¿Es esto tan así?

Aclaremos, dado que la locución es ambigua, que por judicialización de la política debe entenderse el proceso por el cual asuntos de naturaleza política son, cada vez con mayor frecuencia, resueltos en sedes judiciales, sustrayéndolos, sin por eso violentar el orden jurídico, de su órbita natural: parlamentaria o ejecutiva. La figura no se aplica en principio -como sugiere la senadora-, al juzgamiento de funcionarios públicos electos, por delitos derivados de su función. Pero sí se extiende para otros, a la generalizada competencia judicial de tutela de la Constitución, que permite anular leyes sancionadas por el parlamento. Con lo cual -se argumenta- la judicialización no sólo agrede la separación de poderes sino que otorga relevancia institucional decisiva a organismos de carácter contra mayoritarios como los tribunales. Algo similar, se sugiere, a lo recomendado por Platón: un gobierno de sabios, alejado de las pasiones de los ciudadanos comunes.

Es sabido que este discutido proceso, generalizado mundialmente en sus democracias liberales, que admite luces y sombras, reconoce distintas causas, entre ellas la creciente y bienvenida importancia de los derechos humanos y como corolario las constituciones que los recogen. Constituciones que asimismo consagran, cada vez en mayor proporción, principios generales de organización del orden jurídico, que por su naturaleza, carecen de suficiente precisión normativa. Esto lleva a los tribunales a una aplicación e interpretación extensiva y directa de dichas constituciones, que relega la anterior tendencia positivista, donde derechos, principios y garantías sólo se recogían si eran específicamente admitidos en el plano legal. Además de la tendencia de los partidos a remitir asuntos a la judicatura, que también incrementa la “judicialización” y el criticado activismo de los jueces.

En estos términos es que el problema está planteado sin que admita soluciones perfectas o definitivas. Como decía Isaiah Berlin, no siempre los valores e instituciones sociales, políticas o jurídicas resultan transables, a menudo son contradictorias y lo más que podemos esperar al procurar conciliarlas, es ponderarlas adecuadamente. De allí que atenuar esta situación seguramente exigirá métodos más evolucionados para la designación de los jueces, así como definir pasos intermedios con los parlamentos, respecto a los pronunciamientos de inconstitucionalidad. Mediaciones que ya existen en el mundo. Lo que no es admisible, si queremos atenuar estas dinámicas de judicialización, es desconocer los fallos menoscabando al poder que los dicta. Tal como hace el gobierno uruguayo, que en lugar de quejas, debería cumplir de inmediato con la sentencia definitiva que le ordena pagar un suplemento a sus funcionarios judiciales. Si no tiene fondos que emita, se endeude o sancione impuestos. Pero por favor, que cumpla.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)