Hebert Gatto
Hebert Gatto

Los medios y el Poder Judicial

Los hechos han sido vastamente difundidos, una joven fue asesinada por su marido frente a sus dos hijos, quien, ejecutado el hecho, los dejó con sus padres para entregarse luego a las autoridades.

Los hechos han sido vastamente difundidos, una joven fue asesinada por su marido frente a sus dos hijos, quien, ejecutado el hecho, los dejó con sus padres para entregarse luego a las autoridades.

Los niños de siete y diez años, fueron provisoriamente entregados a sus abuelos paternos por la magistrada actuante, quien más tarde, desconociendo el pedido de custodia por parte de la abuela materna, ratificó su decisión. El hecho y sus derivaciones judiciales han causado, al obtener notoriedad, una inquietud social que merece reflexión, especialmente por el trato que el mismo mereció en algunos medios de comunicación, que más que informar sobre lo sucedido han instaurado un proceso paralelo con resultado predeterminado: la extensión parcial a sus padres de la probada culpabilidad del homicida.

No cabe duda que en la sociedad uruguaya el aumento de los delitos contra las mujeres por su condición de tales ha aumentado causando real alarma y sacudiendo los fundamentos últimos de nuestro perfil como nación. En esta medida resulta comprensible que los medios otorguen notoriedad y relevancia a este tipo de delitos informando sobre ellos. Un deber que se encuentra íntimamente relacionado con la libertad de expresión y de recepción de ideas, y que tiene como cometido, entre otras funciones, el agudizar la conciencia moral de la población sobre la violencia de género.

Sin embargo no parece ser eso lo que sucede en este caso concreto. La campaña contra la sentencia buena o mala, justa o injusta de la magistrada de Familia Especializada Nº 8, ha generando un ruidoso “juicio paralelo”, que parece procurar que los ciudadanos funcionemos como jueces, fiscales o verdugos. Así, en la pantalla chica se ha presentado en directa sucesión a la frustrada abuela materna y a la fiscal interviniente, a la agrupación “Mujeres de Negro”, al coto carnavalesco Mi Morena, y a la abogada de la mencionada abuela, todos ellos recusando iracundos la resolución judicial, sin que nadie, paralelamente, explicara sus fundamentos (excepto en la referencia a que la decisión, de más de setenta páginas, se basa en la voluntad de los menores). Menos aún valiéndose de los recaudos o los tonos que hubieran atenuado el impacto emocional causado por estos declarantes, o alguna voz jurídica que explicara las ritualidades y garantías de la actuación judicial. O que se interrogara respecto a los efectos de esta campaña pública sobre los dos niños implicados. Se consiguió así lo aparentemente buscado: un clima social de rechazo a la resolución judicial sobre la cual los televidentes solo podrán pronunciarse negativamente. En un clima que, obviamente, ejerce presión, real o probable, sobre los jueces que tendrán que expedirse sobre la apelación. No se trata de pretender limitar la libertad de expresión de los medios, solo de señalar el peligro de la confusión entre informar y crear opinión, y reiterar lo francamente obvio: los medios no deben tomar el lugar del juez, editorializar sin aclararlo o presentar testimonios fuera del contexto del juicio, sin las necesarias prevenciones y equilibrios. Tampoco, por lo tanto, tienen la potestad de deformar la libertad de juicio de los ciudadanos, que deben decidir por sí mismos y sin inadvertidas presiones mediáticas, lo que es justo o correcto.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)