PABLO DA SILVEIRA

Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México entre 1988 y 1994. Durante su mandato ordenó que los textos escolares prolongaran la historia hasta su llegada al poder y presentaran ese hecho como la culminación de la revolución mexicana. El resultado fue un estado de alarma nacional.

La iniciativa que está impulsando ANEP no tiene el carácter escandaloso del caso mexicano, pero no deja de ser preocupante. Enseñar historia contemporánea es algo delicado porque, cuanto más contemporánea se hace la historia, más se confunde con la política. Por eso las sociedades democráticas suelen evitar que el relato que se ofrece a las nuevas generaciones se vuelva demasiado actual. Muy especialmente, las democracias son reacias a introducir en las aulas el relato de episodios protagonizados por personas que están en el gobierno. Ser protagonista de la escena política y figurar en libros de historia es algo propio de regímenes totalitarios.

Esto no significa que no sea importante poner a los más jóvenes en condiciones de entender el país en el que viven. Esa tarea es crucial, pero importa tener dos cosas claras al respecto.

La primera es que la sociedad se las arregla bastante bien por sí sola. Los partidos políticos, los medios de comunicación y la propia familia son ámbitos en los que la historia reciente es constantemente relatada e interpretada. Si hiciera falta una prueba, basta con analizar cómo se construyó la victoria del NO en 1980. Suponer que el Estado tiene que actuar como si ningún otro canal existiera es una forma de paternalismo.

En segundo lugar, aun cuando se admita que parte de la tarea deba hacerse en las aulas, este paso sólo puede darse en condiciones controladas. En particular, hay dos exigencias imprescindibles. La primera es que los temas tratados carezcan de impacto electoral directo. Si el modo en que se analicen los hechos puede afectar de manera directa la imagen de personas o grupos que están disputando el apoyo del electorado, lo mejor es dejar el tema de lado. La tentación de presentarlo de modo tal que tenga consecuencias en las urnas es demasiado grande.

La segunda condición es contar con un cuerpo docente muy profesionalizado, capaz de distinguir entre sus opiniones personales y lo que puede considerarse una visión razonablemente imparcial. Las autoridades de ANEP repiten ritualmente que esta condición se cumple, pero muchos tenemos dudas al respecto. Y no alcanza con dar algunos cursos de corta duración, por más respetables que sean quienes los dicten, para darnos las seguridades del caso.

Alguien podría decir que la iniciativa se justifica porque la dictadura empezó hace más de treinta años. Pero la contemporaneidad no depende de la cantidad de años pasados sino de cómo se vincula el pasado con el presente. Supongamos que colocamos una barrera que nos impide hablar de lo que pasó hace menos de cuatro décadas. Eso nos lleva al año 1966. En ese momento, hacía ya varios años que el MLN había optado por la lucha armada. ¿Cómo presentar ese hecho? Para sus simpatizantes, se trataba de una respuesta a la violencia del Estado. Para muchos otros uruguayos, se trataba de una actitud aventurera en un país que respetaba la Constitución y las leyes. ¿Debemos dar una de las versiones o ambas? Y decidamos lo que decidamos, ¿cómo estar seguros de lo que finalmente pase en las aulas?

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Ser protagonista político y figurar en los libros de historia es propio del totalitarismo.

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