Según todo indica, los informes sobre la investigación en Ancap se dividirían en dos grupos: los del oficialismo para el cual nada relevante ocurrió, en tanto ningún delito se habría verificado y el de la oposición, para la cual lo actuado debe remitirse a la justicia penal ante fundadas presunciones de que sí estos se cometieron.

Según todo indica, los informes sobre la investigación en Ancap se dividirían en dos grupos: los del oficialismo para el cual nada relevante ocurrió, en tanto ningún delito se habría verificado y el de la oposición, para la cual lo actuado debe remitirse a la justicia penal ante fundadas presunciones de que sí estos se cometieron.

Pero esta diferencia, pese a conllevar la torpe remoción de los administradores del Ente, no señala lo esencial. El dramático desastre que supuso una conducción que luego de varios años generó un déficit de más de mil millones de dólares; un agujero siniestro que para ser cubierto exigirá bastante más que la recapitalización ya efectuada.

Este desolador resultado no puede ser ocultado al país, aun si ello no fuera competencia de la comisión investigadora, como alega el F.A. Se trata de un pasivo de una gigantesca dimensión que a escala uruguaya no admite minimizarse. Resulta irresponsable hacerlo, cuando nos afecta a todos. Por su lado desde el partido de gobierno se adelantan dos versiones sobre lo ocurrido. Para los grupos radicales (M.P.P. 711, comunistas y parte de los socialistas) la responsabilidad recae sobre el Ministro de Economía y su equipo al no autorizar trasladar al precio de los combustibles los mayores costos del Ente, mientras para los “seregnistas” o moderados de la coalición, la culpa recae sobre la errada conducción de sus administradores, pertenecientes en su mayoría al sector de Sendic, que invirtieron mal, sin atenerse a mínimos de prudencia empresarial. Por más que se trate de un problema de la coalición gobernante, probablemente originada en decisiones de ambos grupos.

Es cierto también que los uruguayos solemos tener mala memoria y borrar sucesos que marcaron nuestra historia. A ese respecto estoy seguro que pocos recuerdan lo ocurrido el 7 de diciembre de 2003, cuando, plebiscito mediante, impulsado por el sindicato de Ancap y parte del Frente (Seregni y Astori se opusieron), fueron derogados cinco artículos de la ley 17.488, precisamente aquellos que suponían el fin del monopolio estatal para la importación, exportación y refinamiento de petróleo crudo y derivados y permitía a Ancap, mediante una licitación pública internacional, asociarse con otras empresas, conservando para lo esencial de sus decisiones, la mayoría accionaria. También se establecía que los combustibles refinados por el Ente, no podían tener un precio mayor a sus equivalentes importados, lo que actuaba como filtro regulador de sus costos.

Mucho fue lo que entonces se dijo contra una ley largamente consensuada, que preservando la Empresa, sólo pretendía regular y someter a limitaciones su actuación como monopolio. Recordemos algún eslogan de los utilizados por la Federación Ancap y sus asociados que hizo del tema una inflamada cuestión de principios: “vote contra las privatizaciones, vote para que Ancap siga siendo estatal, para que las ganancias sigan yendo a la educación, a las viviendas, a los humildes…”. “Ancap no es sólo combustibles ¿qué pasa con los alcoholes?; ¿qué pasa con el azúcar?; ¿el cemento portland?”.

¿Dónde están las casas y los liceos producto de las ganancias de Ancap? ¿Cuánto pagarán los humildes para capitalizarla? ¿Cuál es el precio de tantas utopías?