Asamblea Uruguay y el MPP están enojados con el Poder Judicial. Sostienen que su accionar viola la separación de poderes y que avasalla al Legislativo.

Asamblea Uruguay y el MPP están enojados con el Poder Judicial. Sostienen que su accionar viola la separación de poderes y que avasalla al Legislativo.

En realidad, no existe “avasallamiento” del Poder Legislativo sino falta de voluntad de los legisladores frentistas para solucionar el lío que armaron cuando aumentaron el sueldo de los ministros de Estado. En aquel momento, se le señaló al Frente Amplio que, si no tenía intención de aumentar el salario de los jerarcas del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso, y de los funcionarios cuyas retribuciones se determinan en relación a la de los ministros, el texto debería modificarse. Las advertencias fueron desoídas y ahora entonces el Estado debe hacer frente a erogación muy importante.

Las respuestas ensayadas por Mujica y Vázquez para encontrar una salida a la situación se han demostrado incorrectas. Se siguen buscando parches, y las enmiendas son peores que el soneto. Todo sirve para encontrar la forma de eludir la responsabilidad. Así, recientemente, entró en vigencia una norma por la que queda al arbitrio del Poder Ejecutivo el pago de las sentencias que condenen al Estado al pago de sumas originadas en reclamos de naturaleza salarial.

Sin embargo, las críticas del Frente Amplio al Poder Judicial no obedecen exclusivamente al problema generado por la incorrecta redacción de una ley. En efecto, a lo largo de los años los cuestionamientos del Frente Amplio aparecen cada cierto tiempo. Así, Mujica, siendo presidente, acusaba a los jueces de elitistas y también se quejaba de las declaraciones de inconstitucionalidad, como si desde el Poder Judicial hubiese una suerte de maquinación para entorpecer su administración. La verdad es que, durante los gobiernos del Frente Amplio, son innumerables las normas inconstitucionales aprobadas. Es habitual que, durante el trámite parlamentario, cuando se argumenta que la norma proyectada es claramente inconstitucional los legisladores del gobierno aduzca que la crítica es una simple chicana opositora y que es mejor aprobar la norma y “después ver qué pasa”. Luego, si el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad se quejan y aducen ser “perseguidos”. Ellos parten de la base de que lo importante es su voluntad, en aplicación de la máxima de que “lo político está por encima de lo jurídico”. Para muchos legisladores está vigente la idea de que las instituciones propias de la democracia liberal pueden ser desconocidas a gusto del “príncipe”. En consonancia con esta falta de respeto a las instituciones, en el último presupuesto no se votó un solo peso de aumento ni para el Poder Judicial ni para los otros órganos de contralor. El mensaje que se le pasó al Poder Judicial es que se le castiga por no ser dócil con el Ejecutivo. Es así entonces, que el Poder Judicial se encuentra con un presupuesto insuficiente para atender sus necesidades, lo que se agrava por el hecho de tener que ha- cer frente a la implementación del nuevo procedimiento penal.

Sin separación de poderes, sin jueces independientes no existe ni Libertad ni Democracia. Todo intento de menoscabar esa independencia a la larga es un atentado contra el individuo que queda indefenso ante las tentaciones autoritarias del poder.