El pasado domingo dio comienzo la XLVIII Legislatura. Ese día también se cumplieron 30 años de aquel viernes 15 de febrero en que la democracia comenzó a retornar a nuestro país. En ese entonces, la Asamblea General fue presidida por el Dr. Jorge Batlle, mientras que el Dr. Antonio Marchesano era elegido Presidente de la Cámara de Diputados.

Luego de 30 años, el hecho de que cada cinco años asuma un nuevo parlamento se ha convertido en un hecho cotidiano, en un dato más de la realidad que no llama la atención. Son muy diferentes estos tiempos a los vividos 30 años atrás. Eran los legítimos representantes de pueblo quienes asumían sus funciones. Las instituciones reverdecían y la democracia comenzaba a retornar al País. No fueron tiempos fáciles, pero la sociedad y los partidos políticos, en especial Nacional y Colorado, fueron consolidando y fortaleciendo el sistema republicano de gobierno.

El país, desde todo punto de vista, cambió mucho en estos treinta años.

El pasado domingo dio comienzo la XLVIII Legislatura. Ese día también se cumplieron 30 años de aquel viernes 15 de febrero en que la democracia comenzó a retornar a nuestro país. En ese entonces, la Asamblea General fue presidida por el Dr. Jorge Batlle, mientras que el Dr. Antonio Marchesano era elegido Presidente de la Cámara de Diputados.

Luego de 30 años, el hecho de que cada cinco años asuma un nuevo parlamento se ha convertido en un hecho cotidiano, en un dato más de la realidad que no llama la atención. Son muy diferentes estos tiempos a los vividos 30 años atrás. Eran los legítimos representantes de pueblo quienes asumían sus funciones. Las instituciones reverdecían y la democracia comenzaba a retornar al País. No fueron tiempos fáciles, pero la sociedad y los partidos políticos, en especial Nacional y Colorado, fueron consolidando y fortaleciendo el sistema republicano de gobierno.

El país, desde todo punto de vista, cambió mucho en estos treinta años. En lo político por supuesto que también. En aquel 15 de febrero de 1985 nadie imaginaba que uno de los presos políticos por cuya libertad se abogaba llegaría a ser Presidente de la República. Y, como así tampoco, que llegaría un momento en el que el Frente Amplio detentaría la casi totalidad del poder.

Los presos políticos serían liberados en un plazo de un mes, gracias a una ley de amnistía sumamente generosa. Para los militares la situación fue diferente. Y es así que hoy, pasados 30 años de la reinstitucionalización democrática y más de 40 del golpe de estado, Uruguay continúa sin cerrar la etapa de violencia política que comenzó en la década del sesenta del siglo pasado. No obstante, la democracia al estar consolidada y la expresión derechos humanos ser de uso habitual, no podemos dejar de advertir que las instituciones democráticas son afectadas de manera más o menos sutil. Tal comportamiento obedece en muchas situaciones a la mera ignorancia, mientras que en otros se lo hace con premeditada intención. En estos días vemos cómo el Poder Judicial es menospreciado, cuando la separación de poderes y la independencia de los órganos jurisdiccionales del poder político circunstancialmente de turno, es una de las conquistas conceptuales y fácticas más importantes de la humanidad. Son estos elementos los que aseguran a los ciudadanos el real y efectivo goce de sus derechos.

El axioma de Mujica de que “lo político está por encima de lo jurídico” es para muchos gobernantes la guía de su conducta. Es así entonces, que la meta es la acumulación de poder a cualquier precio, para estar en condiciones de llevar a la práctica su ideal, sin importar las objeciones y obstáculos constitucionales y legales. Sabemos bien que para una mayoría de las personas estos comentarios son disquisiciones que sienten no hallan aplicación en su vida cotidiana. Sin embargo, cuando llegan situaciones en las que lo que está en juego son sus derechos y garantías, las cosas cambian.

Hacemos votos para que la Legislatura que está comenzando advierta la importancia de lo que está en juego. No son ya los sables los que amenazan la democracia tal como la reivindicamos en 1985, sino la cotidiana erosión de los principios constitucionales y legales .