Gonzalo Ramírez
Gonzalo Ramírez

El poder del Poder Judicial

El Presidente de la República ha vuelto a cargar públicamente contra el Poder Judicial, esta vez dijo que los funcionarios judiciales piden una “barbaridad”. Desde hace tiempo Mujica viene tratando de ganarle la pulseada al Poder Judicial en la cancha de la opinión pública.

El Presidente de la República ha vuelto a cargar públicamente contra el Poder Judicial, esta vez dijo que los funcionarios judiciales piden una “barbaridad”. Desde hace tiempo Mujica viene tratando de ganarle la pulseada al Poder Judicial en la cancha de la opinión pública.

No cabe duda, que lo que mejor hace el Presidente de la República es polemizar y atacar a sus contrincantes de turno a través de los medios, porque hiere cuando acierta y es inmune cuando yerra. De los jueces ha dicho: “Si por una artimaña de carácter jurídico o legal un sector les pega semejante ‘mascada’ a los recursos públicos, habrá menos recursos públicos para causas impostergables”. (…) “No puedo creer que, precisamente, la Justicia, que es independiente y cuidada por todos los uruguayos, no entienda, no pueda entender estas cosas y que el afán de los números la enceguezca de esta manera”.

Pero esta vez el Presidente parece haber encontrado la horma para su zapato, ya que el Poder Judicial no entró en el juego preferido de Mujica y con paciencia le viene ganando por cansancio, en base al siguiente principio: “lo jurídico está por encima de lo político”. El Poder Judicial es el poder más estable del Estado, ya que su integración no cambia en función de los resultados electorales.

Como en toda profesión hay mejores y peores jueces, pero todos ingresan recién recibidos y ascienden lentamente en función de sus méritos hasta que se jubilan a los 70 años. Han visto pasar gobiernos de todos los colores, conservan su autonomía técnica y son impermeables a las presiones políticas y en especial a la opinión pública.

Trabajan en silencio, están acostumbrados a que los abogados y las partes cuestionen sus fallos y a que los Tribunales de alzada los revoquen y a lo largo de su carrera juzgan a poderosos y débiles por igual. Confían en la Constitución y en la Ley y esa es su principal fortaleza y la razón por la cual Mujica no ha logrado quebrarlos.

Esa confianza en el sistema de justicia llevó a los funcionarios judiciales a levantar las medidas gremiales y a promover la acción de inconstitucionalidad de la ley 19.310, que fue redactada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Parlamento en tiempo record, para afectar los derechos salariales adquiridos por los empleados del Poder Judicial.
Los asesores del gobierno saben que esa ley también va a ser declarada inconstitucional, pero la misma fue utilizada como herramienta de presión para poner fin al conflicto de los judiciales, no habiendo tenido éxito. En el fondo, los funcionarios judiciales -al igual que el Presidente de la República-, saben que tarde o temprano van a cobrar lo que legalmente corresponde.

Esa misma sobriedad y firmeza de los funcionarios judiciales surge de las declaraciones del flamante Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien adelantó no estar de acuerdo con la iniciativa de Tabaré Vázquez de someter a los fiscales a la jerarquía directa del Poder Ejecutivo.
En este sentido, el Dr. Chediak se limitó a recordar que los jueces deben ser y parecer independientes, insistiendo en que el Ministerio Público debe ser “un servicio autónomo”, conforme habían acordado los legisladores de todos los partidos políticos cuando decidieron modificar el rol de los fiscales en el nuevo Código del Proceso Penal.

Sin embargo, el gobierno entrante parece haber olvidado el acuerdo político e insiste en limitar la autonomía de los fiscales.

Lo cierto es que hubiese sido más fácil para el Poder Judicial rebatir los agravios del Presidente de la República, señalando que muchos legisladores cobran una partida de diarios y de secretaría que no siempre es utilizada con ese destino, o que algunos jerarcas del Poder Ejecutivo, que fueron beneficiados con la equiparación de sus salarios a la de los senadores, no han tenido el desempeño o la dedicación que se esperaba de ellos, generando una batalla mediática entre los poderes del Estado.
No obstante, el Poder Judicial optó por el silencio y la confianza en el ordenamiento jurídico, porque como dice el refrán: la justicia tarda pero llega.

Mientras el Frente Amplio amenaza con limitar la autonomía del Sistema Judicial, lo que hace al ADN de nuestro sistema republicano, lamentablemente la oposición sigue empantanada en la discusión por los cargos, alegando que lo que le ofrecen no es suficiente para controlar adecuadamente al gobierno.

El rol de la oposición en los órganos de contralor y en los entes públicos es importante, pero resulta insignificante frente a la trascendencia que puede tener para nuestro país que el oficialismo logre doblegar al Poder Judicial o afectar indirectamente la autonomía técnica de los fiscales.
Aunque el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria, el Parlamento sigue siendo el lugar donde la oposición debe librar la batalla para controlar al Poder Ejecutivo y aun cuando no tenga las mayorías para censurar a un ministro o modificar una Ley, puede seguir denunciando los excesos e irregularidades ante la Justicia y ante la opinión pública, que son en definitiva los controles a los que realmente temen los gobernantes.

Podrán alternar en el poder gobernantes de distintos partidos políticos con ideologías contrapuestas, pero si se mantiene la esencia de nuestro sistema republicano y del ordenamiento jurídico vigente, evitando que se utilicen las mayorías circunstanciales para modificar la Constitución y la ley en beneficio de intereses políticos sectoriales, la oposición habrá cumplido sobradamente con su deber. 

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)