La reciente introducción en el país de la plataforma Uber, que conecta usuarios y propietarios de vehículos, hizo poner el grito en el cielo a quienes se benefician del actual estado de cosas. Más que eso, la novedad abrió el debate sobre los costos y beneficios de tener un sistema de transporte público caro, malo y enteramente reglamentado.

La reciente introducción en el país de la plataforma Uber, que conecta usuarios y propietarios de vehículos, hizo poner el grito en el cielo a quienes se benefician del actual estado de cosas. Más que eso, la novedad abrió el debate sobre los costos y beneficios de tener un sistema de transporte público caro, malo y enteramente reglamentado.

Como la Intendencia regula la tarifa y la cantidad de matrículas de taxímetros que circulan en Montevideo, cualquiera que desee ofrecer ese servicio a la comunidad tiene que pagar unos cien mil dólares para entrar en el negocio. Con esas cifras, y teniendo en cuenta los bajos salarios que paga la patronal liderada por Oscar Dourado, Uber puede despertar en los sacrificados laburantes del taxi la idea de emanciparse y acometer su propia empresa.

Claro que para eso tendrán que sortear un obstáculo infranqueable: la izquierda que gobierna el país y las intendencias del área metropolitana parece haberse vuelto patronalista.

No es que hayan pasado de defender proletarios y emprendedores a cuidar a cualquier costo el negocio de los burócratas y las corporaciones de los monopolios estatales. Eso no sería ninguna novedad. En rigor, es un problema más profundo: el socialismo se termina cuando se acaba la coerción y Uber funciona sin tarifas ni cámaras empresariales que cotizan en las campañas electorales ni sindicatos que hacen paros y rodean ministerios ni nadie que presione, coaccione ni amenace a nadie.

Por eso la izquierda, como antes la derecha, prefiere lidiar con empresarios oligopólicos pero domesticables que promover el emprendedurismo, la innovación y la libertad de comercio.

En Uruguay, este tipo de pulseadas termina beneficiando al más fuerte, sea trabajador o propietario, en detrimento del derecho preeminente del ciudadano a elegir y contratar libremente. Lejos de ser una paradoja, el favoritismo de la izquierda por la patronal de Dourado y los “ultras” del Suatt, debe ser tomado como un reflejo típicamente socialista.

La Intendencia de Canelones y el Pit-Cnt son sólo la avanzada.

En este como en tantos otros asuntos, muchos frenteamplistas moderados prefieren callar a enfrentarse a la máquina de impedir, que intenta también en este caso bloquear la innovación y el desarrollo.

En lugar de alentar la diversidad de ofertas en el servicio de transporte y la creación de micro y pequeñas empresas, defienden el patrimonio de un grupo de propietarios que se enriquece gracias a las limitaciones artificiales impuestas por las autoridades y los salarios bajos.

Ya sea porque las ideologías son “prisiones de larga duración”, como decía Fernand Braudel, ya porque el inmovilismo ganó al elenco oficialista o porque la sociedad uruguaya tiene adormecido todo espíritu cuestionador, una intendencia manejada por un ingeniero socialista, que prometía modernizar procesos de gestión y otras bienaventuranzas progresistas, puede terminar sepultando una iniciativa que pretende abrir el abanico de servicios a población y generar nuevas fuentes de trabajo.

Si así reaccionan los progresistas ante lo nuevo, es preferible no saber cómo lo harían los conservadores.