Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Mides: atención al cliente

La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, dijo que su cartera propondrá eliminar la normativa que suspende el pago de la asignación familiar en los casos de niños y adolescentes que dejen de concurrir a centros educativos.

La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, dijo que su cartera propondrá eliminar la normativa que suspende el pago de la asignación familiar en los casos de niños y adolescentes que dejen de concurrir a centros educativos.

Para Ana Olivera, “la asignación familiar es un derecho de los niños y los adolescentes” y retirarlo “no necesariamente favorece a su inclusión en el sistema educativo” sino que penaliza doblemente a la familia, según dijo a El Observador.

La iniciativa no solo vulnera el sentido común sino que va en contra de la legislación nacional e internacional en la materia.

La Convención de los Derechos del Niño establece en su Art. 28, que los Estados parte deberán “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción”. Entre tanto, el Art. 40 de la Constitución mandata al Estado a velar por la “estabilidad moral y material” de la familia, “para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”.

Según la ley 18227, la asignación familiar existe para “beneficio de niños y adolescentes”. A los adultos se los reconoce como administradores del dinero, y en atención a que tienen niños “a su cargo”.

La norma es muy clara en cuanto a establecer montos y plazos de las prestaciones, vinculados a la permanencia en el ciclo educativo. Allí se establece como requisito para el otorgamiento y el mantenimiento de la asignación familiar, “la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados… y la periodicidad de controles de asistencia médica”. Como parece obvio, esto no es lo máximo sino lo mínimo que se le puede pedir a la familia. La legislación nacional e internacional entien- de que los adultos a cargo de niños tienen la “responsabi-lidad principal de la crian- za”, como reza la Convención (y en un sentido similar, el Art. 41 de la Constitución) su incumplimiento puede acarrear consecuencias legales.

Por alegadas razones sociales, el Estado uruguayo ha renunciado a cumplir con su compromiso de adoptar las “medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas” para proteger a los niños contra los malos tratos y la explotación.

Pero la iniciativa del Mides contradice también el sentido común. El retiro de las exigencias no hará volver a ninguno de los niños que desertaron y seguramente empeore la situación de otros que, siendo hijos de padres que solo se empeñan en la escolaridad para sortear los controles, quedarán expuestos a mayores riesgos de deserción.

Tendremos entonces un conjunto creciente de niñas y niños criados en hogares en los que no habrá ninguna referencia al valor del esfuerzo en la obtención de los medios necesarios para vivir.

Quizás el error de las jerarcas del Mides nazca de una percepción materialista de la existencia, que les impide comprender que no es el dinero sino el trabajo lo que dignifica la vida de los seres humanos.

El ejemplo de un entorno familiar para el cual el estudio no es importante y el dinero llega sin que nadie se esfuerce por ganarlo, solo puede generar problemas. En el peor de los casos tendremos arrebatadores arrogantes; en el mejor, votantes agradecidos y a la espera de nuevas dádivas. Un horror.

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