Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Leyes y fallos

El fallo de la jueza de Mercedes que impidió a una mujer abortar en el marco de la ley que establece en qué condiciones se puede proceder a la interrupción voluntaria del embarazo, volvió a encender la mecha.

El fallo de la jueza de Mercedes que impidió a una mujer abortar en el marco de la ley que establece en qué condiciones se puede proceder a la interrupción voluntaria del embarazo, volvió a encender la mecha.

Aun siendo muy restrictiva en la despenalización, la ley nunca fue aceptada por sus opositores, que esgrimen una posición radical en defensa de “la vida”.

En la otra trinchera, muchos de los promotores de la ley lamentan que no haya sido más amplia, en el entendido de que todo lo que pasa en el cuerpo de una mujer es de su única y entera incumbencia, no reconociéndose el derecho del Estado a decidir al respecto de la criatura que engendra.

Así las cosas, es evidente que la ley es apenas el máximo denominador común al que pudo llegar el Parlamento, pero que no deja conforme a casi nadie. O al menos a nadie que tenga capacidad de lobby y de asumir la representación de los posibles agraviados.

Con este trasfondo, no es de extrañar que el fallo de la jueza Book derivara en una discusión desencaminada, de la que participaron figuras políticas, sociales y religiosas muy relevantes. En los extremos están las declaraciones del cardenal Daniel Sturla, máxima autoridad de la Iglesia Católica uruguaya, y del exsubsecretario de Salud, Leonel Briozzo, uno de los más aguerridos promotores de la ley.

El cardenal Sturla dijo que “el niño de Mercedes tiene derecho a nacer”. Es de suponer que se refería a la criatura que la joven lleva en su vientre, pero no es un niño sino un feto.

Por cierto, de practicarse el aborto se pondría fin a esa vida, pero presentarlo como un niño es tan inexacto como referirse a él (en caso de que no sea ella) como “ese joven” o “ese anciano”.

Dicho en esos términos, parece un argumento destinado a manipular la sensibilidad, más que a promover la reflexión y el discernimiento razonado sobre si se estaba aplicando bien la ley en ese caso particular.

El exsubsecretario Briozzo, tampoco estuvo feliz. Escandalizado con el fallo, pidió que la jueza fuera destituida por entender que cometió “un error inexcusable” al hacer prevalecer “su concepción religiosa, ideológica y política” por sobre la aplicación del Derecho.

De cómo el exjerarca llegó a tan drástica conclusión es algo de lo que no dio cuenta. Más bien parece que Briozzo pretendió resolver una discrepancia con un fallo judicial mediante la acción destituyente, una tendencia insta-lada en otros países del con-tinente en los que las insti- tuciones democráticas, y especialmente la Justicia, tambalean al grito de los más fuertes.

Tanto Sturla como Briozzo intentaron tomar este doloroso asunto para dirimir sus contiendas sobre el derecho a la vida y el derecho al aborto, en lugar de aceptar que se trata nada menos que del “derecho al Derecho”, a la aplicación de la ley, a la independencia de la Justicia.

Se puede discutir sobre cómo aplicó el Derecho la jueza y tener posiciones a favor o en contra.

Lo que no se debería hacer es omitir que vivimos en una República.

Y que más allá de nuestras pataletas, estamos todos obligados a respetar las leyes y los fallos, sean o no de nuestro agrado.

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