Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Hablame de platos rotos

La resolución del Directorio nacionalista con respecto al caso Bascou volvió a poner en la consideración pública la comparación con las circunstancias que involucraron al exvicepresidente Raúl Sendic.

Incluso el mismo día en que el Honorable emitió su sentencia, algunos jerarcas oficialistas se largaron a celebrar lo que entendían era la superioridad ética del Frente Amplio, con comentarios que, en algún caso, parecieron responder a los efectos del tercer copetín más que a una reflexión propia de un gobernante. Como sea, el apercibimiento al intendente de Soriano dejó gusto a poco también en muchos nacionalistas, sin perjuicio de que el texto incluía sentencias severas con relación a cómo la conducta de Bascou comprometía la reputación de su partido. Justo es reconocer que el intendente aceptó calladamente el apercibimiento e inmediatamente pidió disculpas, mientras que Sendic impidió que el plenario frentista lo sancionara mediante su airada y desafiante comparecencia. En el fondo, tanto da. Convertir la ética en la administración de bienes públicos en un intercambio de señalamientos cruzados parece una variante de la falacia tu quoque (tú también) con la cual se pretende desviar las acusaciones reprochándole al otro una conducta igualmente reprobable. Como todo razonamiento perverso, de su uso generalizado solo puede devenir un estado de opinión pública igualmente desmadrado, que olvide el fondo de la cuestión por defender, en aquellos que la tengan, una trinchera partidaria.

La cuestión de fondo no es si Sendic actuó peor que Bascou o si el Partido Nacional fue más clemente que el Frente Amplio. La cuestión es la corrupción y la complicidad, la colección de excusas y la telaraña de amistades e intereses que aparece cada vez que un dirigente de cierta relevancia es salpicado por hechos de corrupción.

Los dirigentes políticos no sólo toleran la corrupción sino que, en algunas de sus manifestaciones, la alientan. Tal es el caso de los acomodos en la función pública, una forma extendida y convalidada de corrupción que no sólo no cesa, sino que parece formar parte del sistema de estímulos y recompensas para la militancia. Por eso las reacciones de los jerarcas frente a las denuncias, cuando no tardías, lucen sobreactuadas.

Si un dirigente mira para el costado ante un hecho indebido, otro minimiza un gasto inapropiado y otro camisetea con la desdicha ajena como si su camiseta no estuviera manchada del mismo lodo, el debate público se debilita y, con él, la democracia.

Suele medirse la gravedad de la corrupción por la cantidad del dinero apropiado o malversado, cuando no por las repercusiones electorales negativas que tales hechos puedan precipitar. No está mal pero se trata de baremos engañosos y mezquinos. La degradación de la función pública, especialmente si se convierte en una riña de gallos entre colectividades salpicadas por hechos de corrupción, termina siempre pasándole la factura a la democracia, a los poderes de la República, es decir, al sistema de convivencia que nos dimos los uruguayos.

Y todo esto con el agravante de que se hace a vista y paciencia de los ciudadanos. Parafraseando una odiosa muletilla utilizada en Twitter por políticos cursis, "háblame de reparar los platos rotos y que queden iguales".

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