Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Un diferendo turbio y opaco

En el diferendo que mantiene el expresidente del Sodre, Jorge Orrico, con Asamblea Uruguay, hay algo turbio.

En el diferendo que mantiene el expresidente del Sodre, Jorge Orrico, con Asamblea Uruguay, hay algo turbio.

Si Orrico tiene razón, el grupo político del ministro de Economía, Danilo Astori, estuvo veinte años sin pagar los aportes al BPS por una secretaria que trabajaba para Asamblea Uruguay, según los recibos de sueldos que dice poseer. Si Asamblea Uruguay está en lo cierto, el exlegislador y expresidente de la Cámara de Representantes, se embolsó los tributos durante veinte años, engañando al Estado y a sus antiguos compañeros de agrupación. Los voceros de Asamblea Uruguay advierten que solo la secretaria de Orrico carece de los aportes (a diferencia del resto de los asalariados del sector), y Orrico retruca que su secretaria siempre recibió la liquidación de sus haberes de Asamblea Uruguay y que, por lo tanto, no era tarea suya abonar salarios ni tributos.

Pero si a esta situación se agrega el comunicado del sector en el que pretende deslindar responsabilidad por estos hechos irregulares, la cosa se pone aún peor.

Para Asamblea Uruguay, la evasión de dineros públicos eventualmente realizada por personas que servían en el Estado a representantes nacionales, “no es un tema para discutir a través de los medios de comunicación” por tratarse de “un reclamo netamente administrativo”. Si los hechos en controversia eran turbios, el comunicado pretende reivindicar opacidad de procedimientos.

¿Qué es eso de que el manejo de dineros públicos no es para discutir “a través de los medios de comunicación”? ¿Por qué medios se han discutido todos los presuntos hechos ilícitos cometidos por gobernantes y políticos desde que se restableció la democracia? ¿Cómo se enteran los finlandeses y los alemanes de los desaguisados, presuntos o reales, de sus gobernantes y agrupaciones políticas? ¿A quién se le pudo ocurrir que un hecho escandaloso y potencialmente delictivo puede ser escamoteado de la consideración pública para mantenerlo en el terreno del reclamo “netamente administrativo”?

No parece necesario explicarles a los dirigentes de Asamblea Uruguay que en una sociedad libre y democrática como la nuestra, los medios de comunicación expresan voces diversas, plurales y contradictorias. Tampoco que, si la ministra de Cultura le pide al presidente del Sodre que renuncie por haber perdido la confianza política y éste termina haciéndolo, el hecho se convertirá en noticia. Puestos a preguntar, los periodistas tratarán de saber qué pasó y por qué pasó. Lo que sigue es la difusión de las causas que generaron el hecho noticiado. Nada nuevo; sólo el ABC del periodismo y de la conducta humana.

En el ágora pública en la que vivimos desde hace décadas, los medios y periodistas garantizan que la ciudadanía, con cuyos dineros se está jugando a la mosqueta, pueda terminar entendiendo qué pasó y quién es el responsable de este penoso diferendo. Enfrentar una crisis de reputación con respuestas que no aclaran los hechos, e invitar además a la opacidad, se parece más a un suicidio político que a un acto responsable y transparente, como se le debe exigir a un sector de la gravitación institucional de Asamblea Uruguay.

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