Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Ancapiados

El decreto de esencialidad es una burrada de la ministra… busca colocar una reestructura unilateral”. Los dichos del presidente de la Federación Ancap, Edwin Villano, mantienen el nivel argumental con que se está conduciendo un conflicto que tiene como único propósito mantener un sistema de salud privilegiado, costeado por el conjunto de los uruguayos.

El decreto de esencialidad es una burrada de la ministra… busca colocar una reestructura unilateral”. Los dichos del presidente de la Federación Ancap, Edwin Villano, mantienen el nivel argumental con que se está conduciendo un conflicto que tiene como único propósito mantener un sistema de salud privilegiado, costeado por el conjunto de los uruguayos.

Villano no solo trata de burra a la ministra de Industria, Carolina Cosse; también se agravia de que las legítimas autoridades de Ancap se dispongan a reestructurar la empresa.

Alguna vez, la federación que nuclea a los trabajadores de la petrolera estatal convocó a un referéndum contra la liberalización del mercado de combustibles, diciendo que lo hacía en defensa del patrimonio nacional. Sin embargo, cuando tuvo que defenderlo del despilfarro no movió un dedo ni hizo un minuto de paro, mientras “los piratas” hipotecaban “las joyas de la abuela”. La aventura costó unos ochocientos millones de dólares y fueron abonados por todos los uruguayos.

Por extraño que parezca, los sindicatos de funcionarios estatales creen que existen “derechos conquistados” (co-mo la inamovilidad o la atención médica exclusiva) que deben permanecer vigentes, independientemente de la salud financiera de la empresa contratante.

¿Cuál sería la diferencia entre los funcionarios de Ancap y los empleados del Mercadito Don Bartolo? Que, si el mercadito se funde por las malas decisiones de su propietario, sus trabajadores quedan en la calle. ¿Tienen menos derechos que sus hermanos de clase ancapianos? Para nada.

La diferencia es que los empleados del mercadito no pueden obligar a los clientes a pagar más caras las naranjas o el detergente, ni mucho menos pueden dejar a la mitad de la población del país sin alimentos. Como se ve, los alegados “derechos adquiridos” no son otra cosa más que una ecuación de poder, lo que incluye el chantaje de dejar a la gente sin combustible en cuestión de horas.

Los trabajadores estatales saben que el funcionario existe para la función y no al revés. No parece razonable que consideren legítimo que la población uruguaya, que creó esos servicios públicos para su beneficio, termine siendo rehén de sus servidores.

Y entonces llegó el conflicto por el servicio médico exclusivo de Ancap, un privilegio del que carece el resto de los trabajadores, que termina siendo costeado por toda la población y al que el gobierno pretende poner fin el próximo 30 de junio. La frutilla de la torta.

A esta altura, llama más la atención el silencio del Pit-Cnt sobre el fondo del conflicto que la decisión del gobierno de interponer la esencialidad. No es casualidad que la propia ministra de Industria, Carolina Cosse, dijera que aquello se parece mucho a un privilegio.

Ojalá esta vez la sociedad uruguaya y su gobierno se animen a enfrentar el chantaje y a consagrar el principio de igualdad ante la ley, que distingue a la democracia de la tiranía. No hay que alentar muchas esperanzas, pero da la impresión que esta vez, la desfachatez y el desprecio por el prójimo, que caracterizan el discurso sindical en este insólito conflicto, ha desbordado la paciencia de los uruguayos. Lo que ya es decir.

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