Francisco Faig
Francisco Faig

Plata y política

El Parlamento estudia una ley que limita el financiamiento de los partidos políticos. Entre otras cosas, prohíbe que reciban dinero de empresas o de donantes anónimos, pone techo al aporte de los candidatos y establece franjas horarias de publicidades gratuitas en televisión, ponderadas en parte por los pesos electorales relativos de cada partido.

El motivo parece muy loable. Habida cuenta de la grave corrupción de distintos partidos de la región y de los mayores costos de las campañas proselitistas, hay que conservar la autonomía de la política y evitar que la democracia se transforme en una plutocracia al servicio de grupos de intereses con mucho dinero y por tanto de incidencias desmedidas. No es de extrañar entonces que distintas voces politológicas y de izquierda hayan ya manifestado su beneplácito por lo que mayoritariamente entienden será un gran avance para el país, y que además parece contar con un amplio respaldo partidario.

Sin embargo, esta ley así concebida en nuestro contexto político solo será beneficiosa a los intereses electorales y de hegemonía del Frente Amplio. A pesar de lo que un pobre panfleto antiblanco con pretensión de investigación académica intentó demostrar hace un tiempo, la verdad es que cualquiera que sine ira et studio se fije en el proceso electoral de 2014, verá que nuestros problemas no radicaron en favoritismos de empresas privadas a tal o cual partido, o en injustas distribuciones de pautas televisivas, como supuso ese infantil análisis de un par de izquierdistas politólogos.

El problema es distinto y más grave. Se trata de la utilización de las empresas públicas por parte del partido de gobierno y de algunas de sus principales figuras: ya sea como trampolín político usando campañas institucionales —el caso de Sendic con Ancap es paradigmático—; o ya sea multiplicando mensajes en la recta final de la campaña electoral con el objetivo de publicitar gestiones que se narraron siempre exitosas.

Además, ese proceso de 2014 estuvo teñido de otra grave irregularidad: la evidente, admitida e inconstitucional campaña electoral del por entonces presidente de la República José Mujica en favor del Frente Amplio.

Una regulación restrictiva sobre financiación privada a los partidos políticos es bienvenida solo si concomitantemente se fijan condiciones estrictas acerca de la publicidad de los entes del Estado en plena campaña electoral. Porque sin ese necesario equilibrio, lo que terminará ocurriendo es que los partidos de oposición se privarán de dineros necesarios para sus quehaceres proselitistas, mientras que el Frente Amplio, que ha dispuesto a piacere de la caja del Estado, usufructuará como hasta ahora (o más desembozadamente aún) de los recursos y las campañas de las empresas públicas.

La hegemonía izquierdista jamás atará estas dos regulaciones que, de lejos, parecen tan diferentes. Porque es la misma que guardó silencio, por ejemplo, cuando las recientes denuncias acerca de financiamientos oscuros y privados que beneficiaron a sectores del Frente Amplio. Empero, la conocida claque servil de análisis politológicos hegemónicos no debiera de condicionar a la oposición. En verdad, votar esta ley restrictiva sin contrapartida es un profundo error.

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