Situarse en la cima de la escala social comporta muchos privilegios y oportunidades. Pero para que un Estado-nación funcione y ofrezca perspectivas de futuro, esa cima también debe cumplir con mayores responsabilidades que las que tiene el resto de la sociedad.

Situarse en la cima de la escala social comporta muchos privilegios y oportunidades. Pero para que un Estado-nación funcione y ofrezca perspectivas de futuro, esa cima también debe cumplir con mayores responsabilidades que las que tiene el resto de la sociedad.

Los papeles de Panamá pusieron la atención en una clase social acomodada, internacionalizada y, en muchos casos, preocupada por asegurarse mecanismos legales transnacionales para disimular riquezas y pagar menos impuestos. La codicia no es monopolio de las clases más pudientes y su relación con el poder es vieja como Aristóteles. Como siempre, el problema es cuando esa codicia se impone sobre las responsabilidades que las elites deben cumplir con el colectivo nacional.

La reflexión republicana nunca negó el egoísmo de las elites. Pero siempre creyó en un deber ciudadano, fundado en el amor a la Patria, que debía oficiar como una especie de convicción moral compartida que limitara los excesos de esa codicia. Si en la actualidad semejante idea parece ingenua y pueril es porque los papeles de Panamá dejaron al descubierto el mismo cinismo transnacional que ya indignaba, con razón, a los socialistas de la Europa del siglo XIX. Por poner un ejemplo: ¿qué legitimidad puede tener Cameron para exigir sacrificios al pueblo británico, cuando se sabe que se benefició de una offshore panameña?

Entre nosotros, no precisamos de los papeles de Panamá para ilustrar estos problemas. Hace poco El País informó que la DGI decidió suspender un certificado a 800 productores agropecuarios por incumplimientos impositivos. Son personas que forman parte del grupo de los 4.000 terratenientes más grandes del país, porque ya sea que tuvieron una renta bruta de 2.000.000 de UI por año (unos $ 540.000 al mes), o ya sea que son dueños de más de 1.250 hectáreas Coneat 100.

En resumidas cuentas, hacia el final del período de bonanza más grande del que se tenga memoria, uno de cada cinco productores de esa elite estaba en falta con sus obligaciones. Este implícito egoísmo de clase, que destroza cualquier sentido de convivencia republicana, ocurre en un país en el que casi el 69% del total de los asalariados percibía menos de $ 29.600 al mes en 2014, y en el que el 13,4% de los montevideanos vivía con menos de $ 11.000 al mes en 2015.

No se precisa ser marxista para entender que una elite consciente de su responsabilidad de liderazgo nacional debiera de asumir el vínculo elemental que hay entre la desintegración social del nuevo proletariado por un lado, y las argucias evasoras de los más ricos por el otro. Si en vez de eso se parapeta en las ventajas propias de su clase social para disimular riquezas obscenas, el resultado es que la unidad de la polis se deshace. El futuro colectivo inevitable será una variante moderna del estado de naturaleza de Hobbes. Esa, y no otra, es la historia de Latinoamérica, esencialmente injusta, incapaz de construir repúblicas y víctima de la mayor violencia social.

Al mostrar que hay offshores para evadir impuestos, los papeles de Panamá exponen cómo hay elites que traicionan sus más graves responsabilidades sociales. A la traición suman el cinismo, cuando además tienen protagonismo político.