Todas las semanas hay al menos una muerte violenta que involucra a alguien menor de 25 años como víctima o como perpetrador. La alarma crece y las marchas se suceden. Pero nada mejora.

Todas las semanas hay al menos una muerte violenta que involucra a alguien menor de 25 años como víctima o como perpetrador. La alarma crece y las marchas se suceden. Pero nada mejora.

En 1986 el 63% del total de los menores de 6 años de edad vivía por debajo de la línea de pobreza. La situación mejoró luego, pero nunca terminó de ser buena. En 1994, la cifra llegó al 30%. Con las consecuencias de la crisis de 2002, de nuevo la proporción de niños pobres en el total de la población menor a 6 años pasó a ser mayor a la mitad. Incluso en 2014, cuando la situación mejoró radicalmente y en el total de la población menos del 10% era pobre, en el universo de los niños la proporción era mayor: más del 20% de los menores de 6 años vivían por debajo de la línea de pobreza.

Medido por las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de acuerdo a los censos, en 1996 más de la mitad de los niños menores de 4 años de edad sufrían al menos una NBI. En 2011, era el caso de cerca de la mitad de los menores de 14 años.

La forma más segura de revertir esta situación inicial de pobreza es obtener herramientas de conocimiento a través de la educación formal, que permitan a las nuevas generaciones conseguir un trabajo que pague bien por esa mano de obra calificada. Pero eso no ocurre. Menos de la mitad de los adolescentes terminan la enseñanza secundaria. En 2012, sobre la población total de 25 o más años, menos del 20% había alcanzado la educación terciaria. En el quintil de la población de ingresos más bajo, menos del 20% de los jóvenes termina la enseñanza media. Las pruebas PISA a alumnos de 15 años escolarizados mostró que entre los jóvenes de contexto sociocultural desfavorable, 7 de cada 10 no entienden lo que leen.

Hace tres décadas pues que alrededor de la mitad del total de cada una de las nuevas generaciones de uruguayos son pobres (o viven al límite de la pobreza). No tienen capital cultural ni social, ni calificación laboral. Jamás podrán mejorar su vida, ahorrar y ascender socialmente, así sea que trabajen 14 horas diarias.

La gran mayoría de ellos integra ese 40% de la población activa que gana menos de $ 15.000 líquidos al mes y que son más de 400.000 en total. Otros son los ni- ni, de racionalidad descrita por Abraham: “al vivir con un destino de pobre, sin grandes cambios, de modo más o menos parecido, con una diferencia mínima entre un piso y un techo de aspiraciones, […] es mejor no hacer nada que morirse trabajando”. Y una minoría opta por delinquir: en 2013, del total de los 13.056 procesamientos penales, 5.492 fueron a personas entre 18 y 25 años. Ya superamos los 10.000 presos en total. Somos el país de tasa de reclusión más alta de Sudamérica. Por supuesto que hay que seguir reprimiendo el delito. Pero, a la vista está, eso no alcanza.

Miremos nuestro espejo como sociedad y como gobierno. Reconozcamos que el problema de fondo es que nunca priorizamos en serio la educación en los barrios con peores índices sociales. Talvi lo dejó claro: instalar allí 135 liceos gratuitos de gestión pública como el Impulso cuesta US$ 200 millones por año. Lo mismo que perdió Ancap en su último balance anual.

Si no cambiamos de verdad, solo podremos empeorar.