En los últimos 10 años el gasto primario del sector público (gobierno central más BPS) se multiplicó por dos. Por su parte, el PIB creció alrededor del 70%. De esa forma el gasto aumentó su participación en la producción de la economía.

En los últimos 10 años el gasto primario del sector público (gobierno central más BPS) se multiplicó por dos. Por su parte, el PIB creció alrededor del 70%. De esa forma el gasto aumentó su participación en la producción de la economía.

Nos podríamos preguntar si ese mayor gasto trajo aparejado mejores servicios públicos. ¿Tenemos mejor educación? ¿Estamos más seguros cuando salimos a la calle? ¿Transitamos por mejores rutas? ¿Los servicios de salud son más eficientes y de mayor calidad? Más allá de lo que cada uno opine sobre estos temas, era claro que la evolución del gasto público se convertiría en algún momento en insostenible, y que ello llevaría a un déficit fiscal que sería necesario corregir.

Muchos cargan las tintas de esta situación sobre el gobierno de José Mujica, pero este no hizo más que echar leña al fuego del festival del gasto que, en realidad, comenzó a mediados del gobierno anterior, cuando casualmente el presidente y el ministro de Economía eran los mismos que ahora.

Era de toda evidencia que sucesivos gobiernos que gastaron mucho y que además comprometieron gastos corrientes a futuro -por ejemplo el SNIS o la reforma de la seguridad social de fines de 2008- sin abrir juicios sobre la calidad de estas reformas, llevarían la situación fiscal a una extrema debilidad. Se apostó a un crecimiento permanente en el cual los ciclos económicos habían desaparecido gracias a la extrema pericia de los equipos técnicos del progresismo.

El gobierno que asumió en el 2015 siguió negando la realidad y apostando a un crecimiento económico que solo sus técnicos veían posible. Realizaron aumentos de tarifas superiores a la inflación, pero no se preocuparon en ajustar el enorme e ineficiente gasto público, tanto en las empresas estatales y sus colaterales fuera de control como en el gobierno central.

Llegados a este punto y con un déficit fiscal que muestra claramente que el festival se terminó, el gobierno con su enorme imaginación para ponerle nombres nuevos a cosas viejas, realiza una “consolidación” fiscal que implica cargar su ajuste sobre los trabajadores y las empresas privadas.

El incremento del IRPF penaliza al trabajo, y el cambio en las formas de deducciones lo acerca aún más al tan denostado Impuesto a las Retribuciones Personales de los antiguos ajustes fiscales.

El pretendido ajuste del gasto público es un “saludo a la bandera”. De hecho el oficialismo sigue “en disputa” por algunas pequeñas partidas que se difieren en el tiempo. Recortes reales no se aprecian. Gobiernos de este tipo nunca ajustan el gasto público en forma significativa. Lo que los desvela es que la posibilidad de seguir endeudándose se vea comprometida porque salen mal parados en los informes de las calificadoras internacionales. Al cumplir un año de gobierno, Vázquez ya había alertado sobre el tema.

Los incrementos de impuestos además de llegar en el momento menos indicado, tienen un resultado incierto. Lo único que asegura que efectivamente las cuentas fiscales vayan en la dirección correcta y al ritmo deseado, son los recortes de gasto. Y luego de esta década fiestera hay mucha holgura para mejorar la eficiencia estatal. Lo que falta es voluntad política para llevarla adelante.