Diego Fischer
Diego Fischer

La Justicia vive y lucha

La Justicia condenó a la Intendencia de Montevideo a pagar US$ 200 mil a los familiares de un hombre que, cuatro años atrás, murió al chocar su moto contra el caballo desbocado de un hurgador en Av. Brasil y la Rambla.

La Justicia condenó a la Intendencia de Montevideo a pagar US$ 200 mil a los familiares de un hombre que, cuatro años atrás, murió al chocar su moto contra el caballo desbocado de un hurgador en Av. Brasil y la Rambla.

Fue una de las tres muertes que, por causas similares, se produjeron durante las pasadas administraciones de Ana Olivera y Ricardo Ehrlich. En este caso, el carro era conducido por un adolescente de 15 años que, no solo no tenía la edad para hacerlo, sino que además admitió que habitualmente transitaba por esa y otras zonas prohibidas. El fallo judicial de primera instancia está en sintonía con el que dictó un tribunal de apelaciones que condenó al gobierno capitalino a pagar un monto similar a la familia de la arquitecta Margarita Alcalde. Con 38 años, Alcalde, en 2012, murió aplastada por un árbol que se desplomó sobre su automóvil en la Av. Arocena, cuando llevaba a sus dos hijos pequeños a un club.

Los pronunciamientos de la Justicia son un claro mensaje a las autoridades municipales que, durante décadas, se han manejado con total impunidad y con el único afán de recaudar para pagar sueldos y privilegios de los funcionarios del Palacio Municipal. Basta recordar los argumentos de los abogados de la IMM en el caso de Alcalde, en el que con una falta de ética y ausencia total de solidaridad hacía la familia de la arquitecta, esgrimían argumentos en que la víctima pasaba a ser la victimaria.

Simultáneamente con esta noticia, El País, publicó el domingo el aumento del valor de 86 tipos de multas de tránsito y la baja de 2, que comenzará a regir una vez que se unifiquen estas sanciones a nivel nacional. Los montos oscilarán desde $ 13.389 por alcoholemia positiva a $ 1.845 por no usar el cinturón de seguridad, pasando por $ 3.690 por manejar hablando por celular.

En casi su totalidad, se trata de incrementos muy significativos. Si esto es parte de una política nacional que persigue disminuir la enorme cantidad de accidentes de tránsito que se registran, sería una medida plausible. ¿Es realmente así? ¿O estamos ante una nueva forma de recaudar para las desfinanciadas arcas municipales? ¿Qué porcentaje de esas multas irá a parar a bolsillos de los inspectores? ¿Habrá a partir de su vigencia, inspectores de tránsito en la calle, que cumplan su verdadera función de ordenar y prevenir accidentes y en los lugares necesarios? ¿Se los verá, en la Rambla, Av. Italia o Bulevar Artigas, por mencionar algunas de las vías de tránsito más caóticas de Montevideo?

Se hace muy difícil, por no decir imposible, creer lo que desde la comuna se anuncia. No es nada personal contra el Intendente Daniel Martínez. Sino la suma de promesas cuando no mentiras repetidas durante un cuarto de siglo. Es también la comprobación del total fracaso de un modelo de gestión que ha abandonado a la ciudad y espoliado a sus habitantes con impuestos siderales. ¿Se acuerdan cuando asumió Olivera y se comprometió a dejar hecha un jaspe a Montevideo en seis meses? ¿Qué pasó con el cambio que Martínez prometió en el sistema de limpieza? ¿Por qué sigue habiendo hoy carros de hurgadores transitando por zonas prohibidas? Es cierto en menor cantidad, pero los hay. ¿Dónde están los inspectores para evitarlo? Afortunadamente existe la Justicia, que a veces tarda, pero siempre llega.

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