Diego Fischer
Diego Fischer

Huele feo Gas Sayago

A través de un informe publicado la semana pasada por El País, nos enteramos que una veintena de cargos gerenciales de Gas Sayago le cuestan al Estado dos millones de pesos al mes. También supimos que su gerente general, percibe un salario mensual de $ 365 mil, superando en casi un 17% el tope legal, que establece que ningún funcionario público, ni de empresas público-privadas puede ganar más del 60% del sueldo del Presidente de la República, que asciende hoy a $ 468 mil nominales. En porcentajes el máximo jerarca de la regasificadora gana un 77% de lo que percibe Tabaré Vázquez.

A través de un informe publicado la semana pasada por El País, nos enteramos que una veintena de cargos gerenciales de Gas Sayago le cuestan al Estado dos millones de pesos al mes. También supimos que su gerente general, percibe un salario mensual de $ 365 mil, superando en casi un 17% el tope legal, que establece que ningún funcionario público, ni de empresas público-privadas puede ganar más del 60% del sueldo del Presidente de la República, que asciende hoy a $ 468 mil nominales. En porcentajes el máximo jerarca de la regasificadora gana un 77% de lo que percibe Tabaré Vázquez.

Más allá de la ilegalidad, que no es un dato menor, las cifras antes mencionadas no serían noticia si no estuviéramos hablando de una empresa que hace dos años está paralizada y cuyo sentido y destino fue desde sus inicios una irresponsabilidad más del expresidente José Mujica que embarcó a UTE (dueña del 90 por ciento) y a Ancap (propietaria del 10 por ciento restante). En su momento se habló de la importancia del megaemprendimiento y de cómo contribuiría al cambio de la matriz energética del país. También se indicó que la regasificadora estaba pensada para venderle gas a Argentina y Brasil.

Todo ese escenario se cayó como un castillo de naipes cuando el presidente Vázquez se reunió por primera vez con su colega Mauricio Macri y este puso en duda -por no decir no de entrada- que Argentina fuera a comprar gas procesado por Gas Sayago.

Casi simultáneamente estallaron denuncias de presuntos casos de corrupción que involucran al consorcio GNLS, integrado por GDF-Suez y la japonesa Marubeni, que ganó la licitación en 2013 para construir la regasificadora. GNLS, a su vez subcontrató a la brasileña OAS involucrada en pagos de sobornos en Brasil. La justicia del Crimen Organizado de nuestro país tomó cartas en el asunto. También lo hizo el Parlamento a través de una comisión investigadora en Diputados.

A la luz de todo esto, el tema de los sueldos puede considerarse una minucia, pero no lo es. Gas Sayago, como toda empresa estatal es costeada con los impuestos que pagamos los uruguayos. Y aquí también a través de los combustibles más caros de la región (pese a que el precio de referencia del barril de petróleo que toma Ancap estuvo en los últimos meses un 12 por ciento más bajo en pesos a lo estimado) o con las altas tarifas de energía. Se sabe que en Ancap, estamos pagando además el desaguisado de los dos anteriores Directorios.

En el Parlamento está a discusión la Rendición de Cuentas. En ella se introducen modificaciones tributarias que, el equipo económico, en su afán por encauzar el déficit fiscal ha echado mano a ajustes a la tasa consular a las importaciones y la creación de impuestos a los juegos de azar. En la bolada cayeron las rifas de Arquitectura y Ciencias Económicas, y las plataformas que trasmiten en directo películas, series y música.

¿Es justo seguir aumentando o creando nuevos impuestos, cuando en una empresa inviable se dilapidan cientos de miles de dólares solo en sueldos de 20 personas?

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