Diego Fischer
Diego Fischer

Cincuentones y Poncio Pilatos

Hago la salvedad que me comprenden las generales de la ley. Soy un cincuentón que en 1996 pasó al régimen de las AFAP porque entonces tenía 35 años y llevaba 19 aportando a la Seguridad Social. Sí, empecé a trabajar a los 16 y siempre en empresas que cumplían con la ley.

Hago la salvedad que me comprenden las generales de la ley. Soy un cincuentón que en 1996 pasó al régimen de las AFAP porque entonces tenía 35 años y llevaba 19 aportando a la Seguridad Social. Sí, empecé a trabajar a los 16 y siempre en empresas que cumplían con la ley.

A los 35 años, no se me cruzaba por la cabeza el tema de la jubilación. Sinceramente: ¿quién piensa en ello a esa edad, cuando se está forjando el presente? Había, entonces, cosas más importantes e inmediatas en las que pensar y actuar. Mis hijos tenían entonces 6 y 4 años respectivamente y su educación y bienestar eran la prioridad excluyente. Había que trabajar duro para pagar los colegios, porque ya la educación pública daba síntomas alarmantes de deterioro. Había que pagar el crédito bancario con el que pude comprar nuestra casa y mantener un hogar. Todo a base de esfuerzo y trabajo, mucho trabajo. Y aportando siempre a la Seguridad Social lo que la ley indica y a la DGI lo que correspondía. Más aún desde la reforma impositiva que, bajo el demagógico eslogan de que pague más el que tiene más, implantó el IRPF, y terminamos pagando mucho más los que más trabajamos.

Hoy un grupo que, según cifras oficiales del BPS, oscila entre las 30 mil personas, nos hemos desayunado que cuando nos jubilemos percibiremos entre un 2 y un 32 por ciento menos, que si lo hiciéramos por el sistema que regía antes de 1996.

El ministro de Economía, Danilo Astori afirmó, semanas atrás, que una solución “supondría una importantísima erogación para el país que en este momento no está en condiciones de realizar”.

Menos feliz aún, resultó la declaración que sobre el mismo tema hizo el presidente Tabaré Vázquez. Al mejor estilo de Poncio Pilatos afirmó: “cuando se planteó pasar del sistema de solidaridad intergeneracional a un sistema mixto de capitalización y solidaridad, recorrimos el país advirtiendo de los problemas que podría traer ese sistema”. En otras palabras: no es problema mío.

Algo más sensatas resultaron las expresiones formuladas a El País, el domingo último, por el presidente del BPS, Heber Galli, quien dijo que el tema de los cincuentones “es una situación que algunos ya preveíamos y me cuento entre ellos”. Galli, agregó que se encuentra estudiando algunas de las posibles soluciones que se han presentado y que podrían ser una ayuda financiera a corto y mediano plazo para la institución. ¿Las aceptará el oficialismo? ¿Qué está haciendo la oposición toda al respecto?

A la hora de manejar cifras, se habla que solucionar el problema tendría un costo promedio de US$ 1.000 millones. Por cierto, una cifra astronómica. Tan astronómica como los US$ 320 millones que costó el desaguisado de Pluna y los US$ 860 millones que se evaporaron en Ancap en los últimos cinco años. Aún no se conocen y no sabemos si algún día se revelarán los millones de dólares que siguen perdiendo hoy algunas de las 14 empresas subsidiarias de Ancap.

La justicia social ha sido la bandera que siempre blandió el Frente Amplio. Un tema con el que el gobierno ha hecho más gárgaras que cosas concretas. ¿No es de elemental justicia devolverle a una persona -a través de una jubilación- lo que aportó a la Seguridad Social durante una vida entera de trabajo?.

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