El Fondo de Solidaridad creado para destinar recursos a becas para estudiantes terciarios resulta que se convirtió en un fondo de ayuda a los funcionarios.

Crear un fondo para becas fue una buena idea, pero no como se estableció, creando una persona pública no estatal, que sin lugar a dudas en el corto plazo se engordaría como cualquier nueva burocracia, mermando los fondos de becas y engordando los bolsillos de quienes pueden fijar sus salarios sin límite.

Hubiera sido mejor encomendar a la Universidad de la República que otorgue becas a sus propios estudiantes con fondos propios derivados de un presupuesto razonable y suficiente obtenido del presupuesto nacional o al Ministerio de Educación que extremando la eficiencia realizara las tareas asociadas al otorgamiento del beneficio, sin crear burocracia.

Sin embargo no, el costo de este fondo, se puso en las espaldas de los egresados de carreras terciarias, lo que de por sí ya no es lógico ni justo, y no sólo eso, se exonera a aquellos que tienen menos o nulos ingresos de la profesión que en muchos casos son los que no ejercen por tener otros ingresos.

Nada ha sido lógico, salvo la buena intención de otorgar becas a personas que así lo requirieran y demostraran que sus recursos no eran suficientes para solventar sus estudios y a la vez que sus antecedentes hicieran pensar que aprovecharían adecuadamente el subsidio.

Tal como sí era lógico, la tentación llegó y se generaron sueldos como el del Administrador que a hoy estamos hablando de $280.000 mensuales, exceso total sin pensar cuántas becas podrían darse con ese dinero. La ley de Rendición de Cuentas ha traído algo de sosiego y limitó el sueldo del Administrador (por supuesto el próximo, porque éste tiene derechos adquiridos) al ingreso del Prorrector de la Udelar que supera en algo los $100.000 mensuales.

Con el presupuesto actual anual de US$ 28.000.000, los costos operativos ascienden a más de US$ 2.000.000, se destinan a becas US$ 16.000.000 con lo cual se atienden 8.000 becas anuales para la Universidad y 1.000 para magisterio, también la Universidad de la República utiliza parte de ese presupuesto en obras.

Tal parece que los profesionales egresados de la Universidad de la República, del Nivel Terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la Universidad Tecnológica estamos siendo solidarios, en primer lugar con los funcionarios del Fondo de Solidaridad, y luego con ciertos estudiantes que han logrado la beca de estudio.

¿Se precisa personal tan altamente calificado como para tener que pagar esos sueldos exorbitantes, no hay en el Estado funcionarios que hubieran podido realizar las funciones de seleccionar a los becarios mediante la simple evaluación de los ingresos familiares y desempeño académico sin tener que tener todo un organismo, al que ahora se le amplían las facultades para el otorgamiento de becas en otros organismos?

El Fondo de Solidaridad ha roto con la gratuidad de la enseñanza, es injusto en cuanto grava sólo a un sector de la población, discriminando dentro de este grupo de forma injusta y a un costo que carece de sentido. Las mismas actividades podrían desempeñarse evitando los mencionados aspectos negativos y manteniendo los beneficios a quienes los necesitan.