Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Progreso versus corporaciones

Quiénes se oponen a las nuevas formas de trabajo, lógicamente son los que ya lo tienen y quieren impedir que nuevos operadores ingresen al mercado con tecnologías modernas compitiendo con mayor eficiencia.

Quiénes se oponen a las nuevas formas de trabajo, lógicamente son los que ya lo tienen y quieren impedir que nuevos operadores ingresen al mercado con tecnologías modernas compitiendo con mayor eficiencia.

En qué podría dañar al pueblo que haya un nuevo sistema de contratación de transporte, por el contrario sólo podría beneficiarlo; se elige el automóvil, el precio se paga con tarjeta y desde el punto de vista del trabajador del volante, éste organiza los horarios a su conveniencia pudiendo colaborar en el seno de su familia con mayor facilidad. El chofer y el automóvil tendrán los controles respectivos lo que aleja el temor esgrimido sobre la seguridad del tránsito. Lo que estaría desregulado sería simplemente que no habría un número limitado de automóviles prestando el servicio, ni obligaciones de mamparas o colores determinados que en nada contribuyen al servicio o la seguridad.

La protección a ultranza de lo existente demora o incluso impide el progreso, no frenemos el desarrollo, no privemos a la gente de servicios que le son útiles, evitemos proteger a quienes intentan mantener su poder limitando el derecho de elegir de la gente, facilitemos el impulso de la actividad económica y hagamos que se actualicen los que pretenden mantenernos en el pasado.

Ya no tallamos la piedra, ni escribimos en pergaminos, tampoco llevamos las cartas a caballo, sin embargo queremos desconocer los avances informáticos que nos sitúan a la altura del primer mundo, en protección de aquellos grupos de interés económico ya instalados, que podrían ver menguados sus abultados ingresos protegidos por la regulación del Estado.

La legitimación del Estado para emitir regulaciones surge de la propia Constitución de la República que le habilita a dictar normas que limiten derechos, sólo en aras del interés general, no para velar por los intereses de corporaciones poderosas que, gracias a las reglamentaciones, ven su coto de caza bien amparado. Tampoco le está permitido al Estado vedar actividades que puedan ser beneficiosas para la sociedad sólo por el hecho que no estén alcanzadas por el sistema tributario vigente al momento de su aparición, llegando a designar como obligados solidarios de las partes que realizan los negocios, a los intermediarios, que nada tienen que ver con las actividades a las cuales les presta el servicio de la intermediación. El proyecto de ley de presupuesto establece que las entidades que intermedien entre la oferta y la demanda serán solidariamente responsables con los usuarios de las plataformas informáticas por sus obligaciones impositivas. Seguramente tendrá un gran impacto negativo a las nuevas formas de intermediación.

El desarrollo informático pone a disposición de los usuarios formas modernas de conectar oferta y en los distintos rubros, sea el transporte, el comercio o los servicios, minimizando costos y otorgando ventajas claras a los usuarios. A nadie se le ocurriría prohibir la utilización de un nuevo equipamiento médico, sólo porque haya quienes explotan modelos perimidos con menores prestaciones. El criterio es el mismo, el interés a tutelar es el de la población en general y no el de las corporaciones existentes, que ostentan gran poder, fruto de los ingresos fácilmente garantizados, en un mercado altamente regulado.

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