Se proyecta una nueva flexibilización del secreto bancario con el objetivo de dar satisfacción a los fiscos de 34 países miembros de la OCDE, organización de la cual Uruguay ni siquiera es miembro.

Se proyecta una nueva flexibilización del secreto bancario con el objetivo de dar satisfacción a los fiscos de 34 países miembros de la OCDE, organización de la cual Uruguay ni siquiera es miembro.

Ya la ley N° 18.718 había abierto una puerta a los fiscos extranjeros para que obtuvieran información, con intervención judicial nacional, probablemente fundado en aunar esfuerzos entre los Estados en contra de la circulación del dinero sucio, sea por narcotráfico, comercio de armas o por el terrible y cada vez más común flagelo de la corrupción de funcionarios públicos y empresas asociadas.

No hay forma de perseguir la ruta del lavado de dinero si no es con la complementación y colaboración de los Estados y así combatir a los delincuentes de cuello blanco que impunemente realizan actividades delictivas difícilmente perseguibles.

Sin embargo, en caso de aprobarse un proyecto como el que trasciende en la prensa, por el cual se dejaría librado a los organismos recaudadores de los países extranjeros la facultad de solicitar, directamente a las oficinas admi- nistrativas fiscales del país, el levantamiento del secreto bancario sin la intervención de un juez, sería un atropello, no solo a la privacidad de las personas, sino un abandono significativo de la soberanía nacional, asociado a una disminución de las facultades judiciales.

Ninguna de las consecuencias mencionadas es positiva, salvo la necesidad de quienes, asiduos concurrentes a foros internacionales, sienten mayor predisposición a coincidir con su colegas que a defender los derechos y libertades de nuestro país.

La base del relacionamiento internacional en un país pequeño como el nuestro, debe fundarse en el buen clima de negocios y la jerarquización del sistema judicial, de modo de atraer capitales para invertir en el país, sea para adquirir tierras y aportar nuevas tecnologías, como realizando depósitos en el sistema financiero o captando fondos para la instalación de industrias o cualquier tipo de empresas lícitas.

Poco a poco los pueblos han ido aceptando la sustitución de las democracias representativas, cuyos gobiernos no deberían hacer otra cosa que defender los derechos e intereses de sus representados, por las corporaciones gubernamentales o supragubernamentales. El peligro es que las decisiones se tomen en beneficio de quienes tienen el poder y desean perpetuarse en él a un altísimo costo para los pueblos.

El Brexit, interpretado de varias formas, fue explicado por algunos como un rechazo a la inmigración en relación a la ocupación de puestos de trabajo y la utilización de los servicios sociales por extranjeros. Otros analistas agregan la sumisión a normas supranacionales en ámbitos que invaden la independencia nacional y los altos costos que implica mantener los organismos comunitarios como aspectos que han influido también en algunos votantes en favor de la ruptura.

Ya hay otros países de la Unión Europea en los cuales se levantan voces rupturistas, ¿no será tiempo que nosotros revisemos los tratados en los cuales nos encontramos comprometidos y procuremos acuerdos de libre comercio sin ataduras a las circunstancias políticas de los países “socios” y que nos permitan integrarnos a distintos bloques, preservando nuestra soberanía y conveniencias?