Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

¿Justicia o patoterismo?

Justicia por propia mano? Claro que no!!!! Patoterismo, simple y claro. La persecución, encierro, golpes al vehículo y violencia contra la persona de un chofer de Uber no es más que una conducta deleznable, patotera y cobarde, independientemente de quién haya sido el agresor o el agredido.

Justicia por propia mano? Claro que no!!!! Patoterismo, simple y claro. La persecución, encierro, golpes al vehículo y violencia contra la persona de un chofer de Uber no es más que una conducta deleznable, patotera y cobarde, independientemente de quién haya sido el agresor o el agredido.

Del mismo modo, generar un caos con piquetes y cortes de tránsito, impidiendo la libre circulación de quienes, con todo derecho, se desplazaban por la ciudad, es un atropello, nada tiene que ver con la defensa de los derechos de nadie, sino solo con la afectación de los derechos de muchos.

Tratar de minimizar el hecho, imputando al victimario de un delito de menor entidad, no le quita gravedad al mismo y probablemente tampoco sea un elemento disuasivo de futuros atropellos. La justicia por la propia mano tiene como fin proteger el ejercicio de un derecho real o presunto, sin embargo tal derecho, supuestamente defendido, no se vio afectado en lo más mínimo. El taximetrista imputado no estaba impedido, como consecuencia del traslado de Uber, de ejercer su actividad. El señor taxista que agredió a un ciudadano no hizo menos que un daño en la propiedad ajena, lesiones y amenazas, delitos estos todos más graves que el de “justicia por la propia mano” y en ningún momento estaba defendiendo un derecho que nadie le impedía ejercer. Si en vez de estar persiguiendo y patoteando a las personas que compiten con su trabajo se esmerara en mejorar el servicio, la competencia sería menos gravosa.

Con qué derecho los traximetristas se arrogan la facultad de resolver quién puede desarrollar una actividad que puede competir con ellos? Quizás ya sea tiempo que el mercado cautivo que tuvieron por tanto tiempo con servicios escasos, que hacían que un día lluvioso no fuera posible tomar un taxi, se termine. Es comprensible que quienes pagaron una fuerte suma por la chapa de taxi, hoy consideren una injusticia que su competencia no deba afrontar un gasto semejante por iniciar su actividad, pero eso no es culpa del nuevo chofer, sino de una regulación que nunca debió ser tal. En efecto, si bien los taxis tenían un costo inicial, también es cierto que no tenían competencia. Durante mucho tiempo sus dueños gozaron de un mercado regulado, con limitación de número, que les aseguraba la no competencia y por tanto también el ingreso. La Intendencia protegía sus derechos sin considerar que con ello afectaba los intereses de sus clientes.

En la actualidad los usuarios pueden elegir y eso seguramente hará que el servicio tienda a mejorar.

Si la empresa Uber debe pagar impuestos y contratar seguros o si el chofer debe aportar al BPS o si los automóviles deben cumplir con exigencias especiales, lo debe determinar la autoridad correspondiente, no los taximetristas. El progreso no debe desconocerse, la tecnología avanza y lo más sano es tratar de adaptarse en vez de oponerse. Lo que queda de relieve en este escenario es la discusión sobre la regulación del transporte colectivo o individual de uso público. El foco debe centrarse en los intereses de los usuarios y no en los de aquellos que han sido protegidos hasta el momento. El análisis ha de incluir la explotación de líneas de ómnibus y los subsidios al transporte, así como determinar si tales subsidios realmente benefician a los usuarios o si se confunden en las ganancias de empresarios.

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