Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Gratuidad de la enseñanza

Con el avance de la tecnología, los trabajos de menor complejidad tienden a disminuir, por lo cual debiera ser interés del Estado propender a que los habitantes se formen lo más posible para desempeñar trabajos acordes a la especialización que requieren los tiempos, evitando la exclusión por la imposibilidad de obtener empleos acordes a las necesidades del mercado de trabajo.

Con el avance de la tecnología, los trabajos de menor complejidad tienden a disminuir, por lo cual debiera ser interés del Estado propender a que los habitantes se formen lo más posible para desempeñar trabajos acordes a la especialización que requieren los tiempos, evitando la exclusión por la imposibilidad de obtener empleos acordes a las necesidades del mercado de trabajo.

La enseñanza, sea pública o privada debe tender a la excelencia, no solo rica en conocimiento, sino también de aplicación práctica. La instrucción pública debe ser accesible a todos, en todo su espectro, desde la primaria hasta la Universidad incluyendo los posgrados, por la simple razón que la formación es no solo un interés individual sino también colectivo: un pueblo culto y formado contribuirá mejor al desarrollo del país y podrá elegir mejor los representantes que, con su voto, lleve al gobierno nacional o municipal.

La accesibilidad a la educación implica muchos factores, entre los cuales se requiere la gratuidad de la misma y un programa de becas serio y bien orientado a quienes, por sus méritos, realmente sean merecedores del subsidio, de modo que quien quisiera estudiar no viera como un obstáculo el costo que ello insume, pues aquel que tuviera la capacidad y la voluntad de estudiar, encontraría en el Estado el apoyo necesario.

Hasta ahí parece haber coincidencia entre todos los sectores. Me pregunto por qué la carga de financiar nuevos estudiantes deba estar en las espaldas de aquellos que con mucho esfuerzo han estudiado y trabajado para ejercer una profesión u oficio.

Un interés social como la democratización del estudio debe ser solventado por el Estado y este con los recursos que obtiene de los contribuyentes, dado que se supone que un sistema tributario ya toma en cuenta las posibilidades de cada colaborador por sus ingresos personales, sus rentas o su patrimonio, más allá de la justicia de cada impuesto que no es materia de esta columna.

Lo que no es adecuado es hacer contribuir únicamente a los egresados de la Udelar, UTEC y terciarios de UTU, que ya estos tienen una pesada carga impositiva con el IRPF y aun con el IVA en los casos en que los servicios sean prestados para particulares que no pueden descontar dicho impuesto, a lo que se le suma el Fondo de Solidaridad.

Adicionalmente, si el criterio es retribuir lo gastado ¿qué sentido tiene exonerar a los egresados que no tienen ingresos? Esas personas han hecho uso de instalaciones, bienes y profesores de las instituciones y en la mayoría de los casos los que no trabajan en la profesión tienen una situación económica que se los permite.

El sistema actual no hace sentido desde el punto de vista de la justicia social, pero como si eso fuera poco, hacer onerosa la enseñanza pública terciaria, aun en forma financiada, probablemente impulse un flujo mayor, de quienes pueden pagar, hacia las universidades o institutos privados, eliminando uno de los aspectos que más contribuye a la integración social.

En el sector público los estudiantes no se distinguen por su origen sino por su rendimiento, estudian juntos personas provenientes de distintos orígenes étnicos, políticos, económicos, religiosos, del interior y de la capital, todos conforman “los estudiantes” sin más, esa es la verdadera integración.

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