Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Desincentivos a la inversión

En la edición de Búsqueda del 6 de abril próximo pasado, bajo el título “La inversión extranjera cayó a niveles de principios de siglo”, se mencionan declaraciones del ministro Astori en cuanto sostiene que: “En cada disertación pública Danilo Astori machaca con la idea de que la inversión extranjera es vital para Uruguay.

En la edición de Búsqueda del 6 de abril próximo pasado, bajo el título “La inversión extranjera cayó a niveles de principios de siglo”, se mencionan declaraciones del ministro Astori en cuanto sostiene que: “En cada disertación pública Danilo Astori machaca con la idea de que la inversión extranjera es vital para Uruguay.

El ministro de Economía argumenta que de la mano de esos capitales viene más crecimiento de la actividad y empleos mejor pagados que el promedio de los puestos en el país”.

Se convoca, desde el discurso, a la inversión extranjera, sin embargo, a la hora del análisis de las condiciones necesarias para atraer esa inversión nos encontramos que permanentemente el país está dando señales contrarias a dicho objetivo.

El país ha convertido en una caza de brujas lo que al inicio fue justificado para combatir el ingreso de fondos derivados del tráfico de armas, narcotráfico y corrupción. La eliminación del secreto bancario y haber otorgado la facultad de la oficina de impuestos de dar información directa a sus pares de otros países, sin la garantía judicial, en nada benefician al Uruguay, muy por el contrario, lo hacen poco atractivo y únicamente favorecen a gobiernos extranjeros en su afán recaudatorio.

Uruguay es un país estable, con valores democráticos arraigados, en el que las discrepancias políticas se resuelven civilizadamente y los capitales pueden entrar y salir libremente, todo lo cual es favorable para el inversor.

Sin embargo, la presión tributaria y tarifas públicas muy altas y los costos laborales con una evolución que no condice con el crecimiento económico, impactan directamente en el costo país y por tanto en la competitividad de los productos nacionales.

La eterna discusión sobre el sistema de exoneración a las inversiones y a la conveniencia o no de las zonas francas crea un ambiente de duda, no favorable a la inversión, ni nacional ni extranjera.

En otro orden, cuando se trata del desarrollo de la infraestructura, falta una planificación y priorización de obras, tanto a nivel nacional como a nivel de intendencias, no se definen proyectos a ser financiados por privados, no se invita al sector privado garantizando una metodología ágil de selección y adjudicación.

El país tuvo la experiencia de la venta en subasta pública de acciones de sociedades constituidas con el objeto de explotación de bienes del Estado para casos concretos, pero podría habilitarse el sistema en forma general, ya que resultó un sistema exitoso.

Adicionalmente, se demonizó y cayó en desuso la Ley Nº 15.637, hoy vigente, que permite la participación del sector privado en la explotación de bienes públicos e incluso prevé la posibilidad de subsidios en caso de proyectos no rentables y por su amplitud y simplicidad permite adaptar los pliegos a cada proyecto.

Los dos sistemas mencionados de selección de adjudicatarios privados, interesados en invertir en concesiones del sector público, han sido prácticamente olvidados al optarse por una intrincada legislación de PPP, que pretendió impulsar la inversión privada y solo logró frenarla en casi una década.

En definitiva, no es solo con deseos que se atrae a los inversores extranjeros, se debe ofrecer un sistema amigable de impuestos, tarifas, exoneraciones, privacidad y criterios ágiles de adjudicación de proyectos para la inversión privada en activos públicos.

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