Las personas no son iguales y no debe pretender el Estado igualarlas. El Estado debe propender a proveer de los servicios necesarios para una vida digna a todos los habitantes, sin embargo habrá algunos que, por no haber tenido oportunidades o no tener los talentos suficientes e incluso por no haber hecho el esfuerzo suficiente, precisarán de mayor apoyo estatal.

Las personas no son iguales y no debe pretender el Estado igualarlas. El Estado debe propender a proveer de los servicios necesarios para una vida digna a todos los habitantes, sin embargo habrá algunos que, por no haber tenido oportunidades o no tener los talentos suficientes e incluso por no haber hecho el esfuerzo suficiente, precisarán de mayor apoyo estatal.

Todos los habitantes tienen derecho al trabajo, dependiente o independiente, con o sin inversión propia, con capitales nacionales o extranjeros y tener la posibilidad de desarrollarse como persona, sin que nadie intervenga en su actividad, mientras ésta sea lícita. No todos logran, por distintas razones, obtener para sí y sus familias, la satisfacción de sus necesidades mínimas; a ellos el Estado dedicará planes para proveerles de bienes y servicios en forma directa, tales como vivienda y servicios de salud y de educación, no para que sean iguales a nadie, sino para que cada uno de ellos alcance una vida digna.

Desmitificar el culto a la igualdad coadyuva a evitar las frustraciones sociales, no se trata de ser iguales, sino de lograr que los más desprotegidos tengan un nivel de vida aceptable con acceso a los servicios públicos necesarios y a distintas oportunidades de trabajo.
La preocupación de que haya personas que tienen mayores recursos económicos que otros no debería ser preocupación de nadie, no sólo eso, sino que sería interesante tomar conciencia que esos mayores recursos, en general se destinan a la generación de nuevos empleos, tanto domésticos como empresariales.

No es justo que aquel que trabaja con esmero y dedicación, y que por esa razón obtiene una contraprestación adecuada, deba ser desposeído de sus ingresos o del capital, que con el tiempo ha logrado formar, sólo por el hecho de tener una situación económica dada.

El Estado debe obtener los recursos necesarios para cubrir los costos de un presupuesto racional justo, que no ahogue la actividad privada, sino que la promueva, que permita su crecimiento, generando nuevos puestos de trabajo. El interés por el lucro no debe ser demonizado sino controlado y equilibrado con el interés de la sociedad. Es natural que los impuestos provendrán de quienes obtengan mayores ingresos o tengan bienes de los cuales se pueda obtener mayor renta, pero no por la envidia subyacente de quitarle al que tiene, sino por la necesidad de una solidaridad bien entendida de obtener recursos para los cometidos del Estado.

El criterio de extraer mediante tributos todo lo que se pueda, administrarlo desde el Estado y redistribuirlo mediante contrataciones o subsidios directos, dirigidos a obtener la igualdad en el ingreso de los trabajadores, no conduce a una sociedad sana, por el contrario, es un concepto de solidaridad mal entendida pues resulta incongruente que unos y otros obtengan igual retribución sin importar la responsabilidad que asumen, el esmero y la dedicación que le profesan al trabajo o el riesgo que asumen al invertir capital en un emprendimiento.

Trabajemos por un país sano y solidario en el cual las políticas sociales realmente estén dirigidas a los más desposeídos, los ancianos, los discapacitados, los niños y los adictos y que aquellos que estén en condiciones físicas y mentales de trabajar lo hagan y contribuyan con su esfuerzo al desarrollo nacional.