Casilda Echevarría
Casilda Echevarría

Más claro, agua

La negociación con UPM es la prueba más clara en favor de demostrar que nuestro país ya no es un lugar naturalmente favorable para atraer inversión extranjera.

Nuevas inversiones generan nuevos puestos de trabajo, eso es deseable y el estado debe propender a crear las condiciones para que en el país se pueda generar ahorro y consecuentemente se conformen masas críticas de capital, aptas para la creación de empleo. Del mismo modo, el capital extranjero no vendrá si la presión tributaria es mayor que en otros lados o si la fuerza laboral no permite el desarrollo de los proyectos a causa de una conflictividad innecesaria o si carecemos de seguridad como para que las familias puedan afincarse y tener una vida apacible.

Si las condiciones económicas, fiscales, de desarrollo de infraestructura, laborales y de seguridad fueran atractivas, no tendríamos que estar negociando condiciones particulares para una empresa específica, por más tentadora que sea la propuesta.

¿No sería más lógico hacer un mea culpa y comenzar a trabajar en el sentido de generalizar los aspectos positivos para la inversión para que sean muchos los emprendimientos que pongan el foco en nuestro país como lugar de atracción?

El acuerdo marco que se firmó con UPM, no contiene novedades respecto a lo laboral, ya que dicha rama del derecho es de aplicación obligatoria y un acuerdo entre una empresa, el estado y dirigentes sindicales no podría limitar los derechos de los trabajadores. Asimismo, lo que refiere a la seguridad e higiene laboral y capacitación, ya es materia de la normativa aplicable.

En cuanto a la resolución de conflictos, la cláusula de paz laboral incluida en el acuerdo marco, no define con claridad cuáles serían los disparadores ilícitos de un conflicto y como sucede en casi todos los convenios vigentes, si no se cumple con la cláusula de paz y estalla un conflicto injustificado no pasa nada, no hay sanciones previstas.

Lo que sí se agrega, y de forma inconveniente, es la responsabilidad del estado ya que este suscribe el acuerdo y consecuentemente asume la obligación de su cumplimiento, cuando, si de conflicto laboral se trata, poco podrá hacer más que asumir un costo de indemnización; en definitiva un agregado que pone en riesgo a Juan Pueblo nuevamente, que podría tornarse una vez más en cartón pagador de un conflicto que le es ajeno.

¿Cuáles son las verdaderas exigencias de UPM?

El desarrollo de la infraestructura, en tanto se vuelva a los antiguos regímenes de la concesión de obra pública, sea mediante el sistema de la ley 15.637 o ley 17.555, hoy vigentes, que permiten sistemas ágiles de convocatoria y selección de privados para invertir en el sector público, puede que se realicen obras en términos aptos para concretar la inversión. Si insistimos en el pesado esquema de las PPP, ello será imposible.

Los beneficiarios de las posibles exoneraciones impositivas son los empresarios y la pregunta es ¿por qué un empresario uruguayo tiene que ser objeto de la pesada carga tributaria actual, mientras una empresa extranjera goza de beneficios extraordinarios en esta materia?

Extrememos los esfuerzos para bajar el costo país para que muchas sean las empresas, nacionales y extranjeras que se vean inclinadas a invertir en Uruguay y así incrementar la posibilidad de generación de empleo, sin privilegios innecesarios.

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