Antonio Mercader
Antonio Mercader

Traficando el agua en un plebiscito (II)

A fines de 2004, mientras el Frente Amplio celebraba la victoria de Tabaré Vázquez y el triunfo del plebiscito del agua, el entonces intendente de Maldonado, Enrique Antía, declaró que la aprobada reforma del agua era “una nube negra que puede influir en el destino del departamento”.

A fines de 2004, mientras el Frente Amplio celebraba la victoria de Tabaré Vázquez y el triunfo del plebiscito del agua, el entonces intendente de Maldonado, Enrique Antía, declaró que la aprobada reforma del agua era “una nube negra que puede influir en el destino del departamento”.

Sus palabras resultaron proféticas pues una década después el mal estado del agua -manejada exclusivamente por OSE debido a aquel plebiscito- influyó para cambiar el destino político del departamento: el FA dejará de gobernarlo y el augur Enrique Antía, justamente, será su nuevo intendente.

Es imposible evaluar cuánto influyó en el resultado de las elecciones municipales el agua marrón y maloliente que brotó de las canillas de Maldonado en los días previos a los comicios, pero está claro que aumentó el malhumor de los fernandinos con el establishment. Seguramente más de un votante recordó imágenes de aquella atronadora campaña plebiscitaria en donde las compañías privadas fueron descritas como demonios, en tanto se retrataba al ente autónomo OSE como garantía suprema de la pureza del agua.

Es probable que alguno de esos votantes haya releído el artículo 47 de la Constitución modificado en aquel plebiscito. Si lo hizo se habrá irritado al comprobar que no se cumplió casi ninguna de las obligaciones agregadas a ese artículo por decisión de dos tercios del electorado. En efecto, tras afirmar que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”, la reforma añadió cuatro parágrafos que hoy, a la vista del infame estado de las cuencas fluviales y lacustres, así como de las instalaciones de OSE, suenan a broma de mal gusto.

Aquella mayoría que rechazó la privatización parcial de los servicios y declaró que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”, hoy tiene derecho a reclamarle a otro gobierno del Frente Amplio, que casualmente también preside Vázquez, el respeto a la reforma. Debería exigir que la política de aguas “esté basada” en la “conservación y protección del medio ambiente, y la restauración de la naturaleza”, con atención a las “cuencas hidrográficas”, deberes todos ellos incumplidos dada la degradación verificada en las cuencas, en particular la del Santa Lucía.

Puede exigir que, como ordenó el plebiscito, “los usuarios y la sociedad civil participen en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”, cosa que no sucede con los usuarios de quienes OSE se ocupa sólo de enviarles la factura mensual envuelta en celofán. También podrían exigirle al ente que actúe “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”, algo que no hizo por ejemplo cuando ofreció la mísera rebaja del 5% en las facturas de Maldonado para compensar la degradación del agua. Desconociendo ese principio, el directorio de OSE adujo que su economía sólo le permitía esa rebaja, argumento no sólo inconstitucional sino tan impopular que obligó al Poder Ejecutivo a enmendarle la plana y condonar el 100 por ciento.

Sería inútil seguir transcribiendo otros deberes incumplidos también incorporados al artículo 47 por aquel plebiscito propulsado con fines electorales. Baste decir que dos gobiernos sucesivos del Frente Amplio se los pasaron por el moño. Veremos si el tercero es capaz de cuidar del agua así como honrar la Constitución y la palabra empeñada en 2004, cuando Vázquez ganó sus primeras elecciones.

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