Antonio Mercader
Antonio Mercader

Ofendiendo a Montesquieu

Hace casi tres siglos que Montesquieu estableció que la base de la democracia es la creación de “un sistema de pesos y contrapesos para limitar los eventuales abusos del Poder Ejecutivo”. Según el escritor y político francés así se asegura el funcionamiento de “gobiernos moderados” con “una fuerza equilibrada”. Junto a la separación e independencia de los tres grandes poderes del Estado, ese equilibrio garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad de la democracia.

Hace casi tres siglos que Montesquieu estableció que la base de la democracia es la creación de “un sistema de pesos y contrapesos para limitar los eventuales abusos del Poder Ejecutivo”. Según el escritor y político francés así se asegura el funcionamiento de “gobiernos moderados” con “una fuerza equilibrada”. Junto a la separación e independencia de los tres grandes poderes del Estado, ese equilibrio garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad de la democracia.

Citar a Montesquieu en estos días viene a cuento ante el intento de la Presidencia de la República de seguir concentrando funciones y a la vez debilitar al Poder Judicial y a los órganos de contralor como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral para los cuales el proyecto de presupuesto carece de previsiones. Una vez consagrado el presupuesto se acentuará el desequilibrio entre los poderes del Estado con funestas consecuencias, entre ellas un Poder Judicial disminuido ante un Ejecutivo reforzado.

La acometida presidencial no se detiene aquí sino que invade otras áreas que se quieren insertar en ámbito de la Torre Ejecutiva. En la ley de presupuesto que hoy discute el Parlamento se propone sumarle a la Presidencia tres nuevas secretarías: Medio Ambiente y Cambio Climático; Deportes; y Ciencia y Tecnología. Su sola mención denuncia la duplicación de las actividades que cumplen los ministerios respectivos.

Además del poder Judicial también sufre el Legislativo dada la ausencia de control parlamentario sobre esas secretarías pues, como es obvio, el presidente no puede ser llamado a sala para responder por sus actos a diferencia de lo que pasa con sus ministros. Esa imposibilidad blinda las acciones del Ejecutivo lo cual desequilibra la balanza entre los poderes del Estado, justamente lo que Montesquieu quería evitar con su sistema de pesos y contrapesos.

Sin el retén de los organismos de contralor, con un Poder Judicial achicado y mayores potestades presidenciales se confirmaría la tendencia a robustecer al Ejecutivo que es el signo de los gobiernos del Frente Amplio desde hace una década. Para probarlo baste decir que aparte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Servicio Civil de la presidencia dependen, entre otras, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (Agesic), la Secretaría Antilavado y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Por si fuera poco, la ministra de Educación y Cultura pretende enviar a Presidencia de la República otros servicios que están bajo su égida como la Junta de Transparencia y Ética Pública. El traslado de esa dirección, conocida como Junta Anticorrupción, es a todas luces inconveniente pues una de las garantías para su correcta actuación es resguardarla de toda injerencia política. Se podrá decir que esa injerencia también podría provenir de un ministro, pero para tal eventualidad está prevista la intervención del Parlamento, contrapeso imposible si el máximo responsable del tema es el titular del Poder Ejecutivo.

Es una lástima que en su reciente visita a la Francia que tanto admira, Tabaré Vázquez no haya comentado estos temas con los académicos franceses. De haberlo hecho le habrían saltado al cuello para recordarle los sabios y siempre vigentes consejos del barón de Montesquieu.

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