Antonio Mercader
Antonio Mercader

Verdad y justicia pero sin mentiras

El decreto del gobierno que creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia acaba de consagrar oficialmente a 1968 como el año de comienzo de la dictadura en Uruguay.

El decreto del gobierno que creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia acaba de consagrar oficialmente a 1968 como el año de comienzo de la dictadura en Uruguay.

Hasta ahora la mención de ese año constaba en una ley de 2009 sobre reparación a las víctimas, un cartel colgado distraídamente en la puerta de la Universidad y un discreto acto organizado en 2012 por el entonces ministro de Educación, Ricardo Ehrlich.

Es grave. Lo que hasta hoy eran insinuaciones de sectarios que reescriben la historia pasa a ser la verdad oficial. Una verdad oficial basada en una mentira: que con Jorge Pacheco Areco en la presidencia se instalaron en nuestro país el gobierno de facto y el terrorismo de Estado al tiempo que feneció la democracia. Así, este grupo recién creado analizará los actos del gobierno de Pacheco en el mismo plano que, por ejemplo, los del gobierno del general Gregorio Álvarez.

La enormidad de esa equiparación salta a la vista. Pacheco gobernó con medidas prontas de seguridad previstas en la Constitución. Seguramente fueron demasiado extensas y proclives a propiciar excesos, pero el Parlamento -porque había Parlamento libremente electo con representación de todos los partidos- las permitió. Nadie niega que bajo ese estado de emergencia pudieron existir violaciones a los derechos humanos, pero eso no alcanza para parangonarlas con el posterior terrorismo de Estado.

Entre 1968 y 1973 pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Wilson Ferreira se convirtió en líder del Partido Nacional oponiéndose al gobierno de Pacheco y volteándole ministros, interpelaciones parlamentarias mediante. Asimismo, la izquierda se reunió bajo el lema Frente Amplio para presentarse en las elecciones de 1971, discutidas por cierto, pero en las que el “pachequismo” probó su arrastre popular (triunfo de Bordaberry). Ninguna de estas cosas parece propia de una dictadura.

En ese lustro pasaron otras cosas como el avance de la guerrilla tupamara con atentados, robos, secuestros y asesinatos (incluidos los de civiles inocentes). La militarización de la lucha anti-guerrillera y la súbita derrota de los tupamaros en 1972 abrieron paso al golpe de Estado en 1973 y al terrorismo de Estado. Para ese entonces los tupamaros no existían, razón por la cual no pudieron usar el argumento de que optaron por la lucha armada para resistir a la dictadura.

Ese argumento capaz de redimirlos de tantas culpas y de justificar su violencia ahora podrían usarlo si se establece que Pacheco fue un dictador con toda la barba. Al señalar a 1968 como el año de partida del proceso dictatorial a investigar por el flamante Grupo de Trabajo los tupamaros podrían presentarse como lo que no fueron: resistentes armados ante la dictadura. Es decir, con cierta legitimación para sus actos.

Empero, actos como acribillar a un policía por la espalda para quitarle un arma, volar un edificio (el del “bowling”, por ejemplo) matando a una limpiadora o asesinar a un peón rural que les descubrió un escondite nunca quedarán legitimados. Aparte del terrorismo de Estado hubo un terrorismo tupamaro ejercido en ciertos casos por gente que sigue impune y que dejó víctimas que nunca recibieron reparación alguna. Haría bien el nuevo Grupo en ocuparse también de ellos en lugar de aceptar este intento de antedatar la fecha de comienzo de la dictadura.

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