Antonio Mercader
Antonio Mercader

El contrapeso de la justicia

Cuando gobernantes del Frente Amplio critican lo que llaman “judicialización” de la política -lo mismo que hace Donald Trump en EE.UU.- parecen ignorar que si ese fenómeno ocurre es por su culpa.

Cuando gobernantes del Frente Amplio critican lo que llaman “judicialización” de la política -lo mismo que hace Donald Trump en EE.UU.- parecen ignorar que si ese fenómeno ocurre es por su culpa.

Dos casos recientes lo prueban. Uno, cuando el diputado Germán Cardoso interpelaba al ministro del Interior denunció que su teléfono y sus emails eran espiados y como respuesta el ministro anunció que recurrirá a la justicia para investigar esa denuncia. Dos, cuando el diputado Martín Lema señaló irregularidades en ASSE, el interpelado ministro de Salud Pública aportó tan poco que el interpelante resolvió apelar a un juez.

En el primer caso lo natural hubiera sido que el ministro Eduardo Bonomi anunciara el inicio de una investigación rigurosa en su ministerio, en particular sobre el nebuloso sistema de espionaje de los ciudadanos conocido como “El Guardián”. Ante tamaña acusación el gobernante debió garantizarle al diputado que aclararía el tema para disipar dudas. En vez de hacerlo, “judicializó” la denuncia. A no quejarse después.

En el segundo caso se esperaba del ministro alguna explicación sobre el cúmulo de irregularidades descubiertas por Lema en el área de la salud. En lugar de eso, Jorge Basso evitó comentar las denuncias más graves sin denotar en ningún momento que las tomara en serio. Lema dijo que el ministro le faltó el respeto al Parlamento por no atender sus acusaciones y leer un libreto escrito antes de la interpelación, lo cual le daba pie para acudir a los tribunales para aclarar el asunto. ¿Qué otro camino le quedaba al interpelante?

En los casos de Bonomi y de Basso queda claro que quienes “judicializan” la política, quienes han convertido a los jueces en protagonistas, son los gobernantes del Frente Amplio cuando se niegan a indagar en sus propias sedes la veracidad de las denuncias que se les formulan en el Parlamento. Lo que debe hacer un ministro interpelado por representantes de la soberanía es practicar la transparencia que tanto predican sin esperar a que otro poder, el Judicial, venga a llenar el vacío de respuestas que ellos dejan. Si lo de Ancap, lo de Pluna, lo del avión presidencial, los negocios con Venezuela o las dádivas del Fondes terminan en los estrados judiciales es precisamente por esa omisión.

Ahí es donde comparecen los jueces como contrapeso de un Poder Ejecutivo subido a la parra. Es la aplicación del llamado sistema de pesos y contrapesos que asegura el buen funcionamiento de toda democracia. Por poner un ejemplo de estos días: es el sistema que impidió que un prepotente como Trump se saliera con la suya al prohibir el ingreso de ciudadanos de ciertos países. Recuérdese que un juez federal de la ciudad de Seattle, en el lejano Estado de Washington, bloqueó la decisión de Trump por inconstitucional e ilegal. Como respuesta, Trump repudió lo que llamó “la judicialización” de la política.

Igual que el gobierno de Tabaré Vázquez.

Mientras los políticos que nos gobiernan sigan cerrando los ojos ante las denuncias de la oposición y eludiendo la autocrítica, la estrella de los jueces -último baluarte de la democracia- seguirá en ascenso por más que la izquierda continúe presentando a la “judicialización” como si fuera un cuco.

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